Coronavirus en la Justicia

Lo que el Covid-19 se llevó de la Justicia

  • La crisis del coronavirus ha paralizado por completo los planes de la Junta de adquirir los siete edificios del Campus de Abengoa En Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla

El campus de Palmas Altas, donde se ubicará la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

El campus de Palmas Altas, donde se ubicará la Ciudad de la Justicia de Sevilla. / juan carlos vázquez

La crisis del coronavirus no sólo tendrá unas importantes repercusiones en el colapso de la Administración de Justicia, a pesar de los planes que impulsan el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que está ya afectando a otros proyectos de infraestructuras judiciales tan imprescindibles como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que lleva varada desde hace más de dos décadas y que el nuevo gobierno andaluz había emplazado de manera definitiva en el campus de Abengoa en Palmas Altas.

Poco menos de un mes antes de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus, en concreto, el 21 de febrero, el consejero de Justicia, Juan Marín, anunciaba, en presencia del alcalde y del presidente del TSJA, entre otras autoridades, que la Ciudad de la Justicia de Sevilla se convertía en una realidad, con la compra para los meses de mayo o junio de los siete edificios de Abengoa en los que se emplazarían en un futuro no muy lejano –la fecha para el comienzo del traslado de los órganos judiciales que ya se ofrecía era incluso la de 2023– todos los órganos judiciales dispersos actualmente en varias sedes judiciales.

Desde la propia Consejería de Justicia reconocen que el proyecto está actualmente paralizado, como ha ocurrido con todos los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del Covid-19 y de los efectos de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y las sucesivas prórrogas que desde entonces se han ido acordando.

De esta forma, los grandes proyectos de la Consejería de Justicia se encuentran desde entonces paralizados y los esfuerzos, también los presupuestarios y de gasto, se centran actualmente en otros objetivos, como la dotación de medios de protección para los órganos judiciales de cara a la reactivación de la actividad en la Administración de Justicia.

La hoja de ruta que dibujó en febrero Juan Marín con la compra de los edificios en mayo o junio no se podrá cumplir, lo que supone un nuevo retraso para la Ciudad de la Justicia. El consejero aseguró igualmente que a principios de 2023 o durante ese año se podría llevar a cabo ya el traslado de los órganos judiciales hasta el campus de Palmas Altas, pero estos plazos también están ahora ya en el aire por la crisis del coronavirus.

Durante estos casi dos meses que llevamos de estado de alarma, la Justicia ha estado igualmente entumecida, limitada su actividad a los denominados servicios esenciales, como la actuación de los juzgados de guardia.

Los plazos para el traslado a Palmas Altas en 2023 están ahora en el aire

Pero la situación cambiará a partir del próximo martes, cuando arranca la fase I de la desescalada judicial. Esto representa la incorporación de los jueces y magistrados, y progresivamente de los funcionarios destinados en los órganos judiciales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer precisamente la orden del Ministerio de Justicia que aprueba el esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada para la administración de Justicia ante el Covid-19.

La Fase I de la desescalada se inicia precisamente el próximo martes, 12 de mayo, y se denomina “Inicio de la reincorporación programada”, en la que está previsto que acudan a cada centro de trabajo entre un 30 y un 40% de los funcionarios que prestan servicio en los órganos judiciales y tribunales.

La Fase II se denomina “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”. Según la orden del Ministerio, esta fase se iniciará cuando haya transcurrido al menos “una semana” desde el inicio de la fase I, es decir, que podría comenzar el 19 de mayo. En esta fase está previsto que acudan a los centros de trabajo entre un 60 y un 70% de los funcionarios de Justicia, en turnos de mañana y tarde, “si así se establece”, detalla el Ministerio.

La fase III, que Justicia define como “Actividad ordinaria, con plazos procesales activados”, se iniciará siempre que hayan transcurrido al menos dos semanas desde el inicio de la fase II, es decir, en el mejor de los supuestos comenzaría el 2 de junio. En esta fase se prevé que acuda ya al centro de trabajo el 100% de los funcionarios, en turnos de mañana y tarde en caso de que así se decida.

Por último, la Fase 4 de la desescalada en la Administración de Justicia se denomina “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma” y, de esta forma, se iniciará en el momento en que se “levanten las recomendaciones sanitarias que permitan retornar a la situación de funcionamiento anterior a dicha declaración”. En esta fase acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los funcionarios en su jornada ordinaria.

Para esta última fase no hay una fecha prevista, puesto que depende de la decisión del Gobierno de revocar la declaración del estado de alarma. Sin embargo, en un documento elaborado por la Consejería de Justicia de la Junta en el que también se establecían las cuatro fases para la desescalada, se apuntaba que la última fase, la de la vuelta a la normalidad y la incorporación de todos los funcionarios, podría iniciarse el 22 de junio.

Todo dependerá, en cualquier caso, de la evolución de la pandemia, pero como establece la orden publicada en el BOE, la última fase no será posible mientras continúe vigente el estado de alarma.

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