secreto de sumario

Umax, la causa que declinó investigar Alaya

  • La ahora magistrada de la Audiencia de Sevilla rechazó en mayo de 2013 acumular esta investigación al caso de los ERE, una decisión que se produjo dos años antes de que fuese sustituida por la juez Bolaños en la instrucción de las macrocausas.

La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI. La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI.

La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI. / EFE

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cinco ex altos cargos de la Junta a penas de más de de cinco años de cárcel e inhabilitación por los "contratos fantasma" de Umax, por la contratación por esta empresa de Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con “vínculos de vecindad y amistad" con Javier Guerrero, el principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos.

Se trata de una causa que, paradójicamente, surgió vinculada a la de los ERE pero cuya instrucción declinó la juez Mercedes Alaya, quien no está obteniendo el respaldo a sus instrucciones con sentencias condenatorias, dado que la mayoría han acabado en la absolución de todos o la mayoría de los imputados. Eso sí, a la espera de lo que todavía pueda ocurrir con la sentencia de la pieza política de los ERE, prevista para finales de este año.

Esta estadística adversa a las instrucciones de Alaya es lo que hace más llamativa la contundencia con la que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla acaba de condenar a cinco años y nueve meses de cárcel al ex director de Trabajo Javier Guerrero y haya condenado a también a penas similares a los otros ex altos cargos, salvo el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que sólo ha sido condenado por prevaricación a una pena de siete años de inhabilitación.

La causa por los contratos fantasma de Umax se inició con la denuncia que el gabinete jurídico de la Junta presentó ante la Fiscalía el 15 de abril de 2013, cuando Mercedes Alaya se hallaba en el máximo apogeo de sus instrucciones y aún quedaban dos años para que la juez se marchara de forma voluntaria a la Audiencia y su plaza la ocupara la magistrada María Núñez Bolaños. Tan sólo unos días después, en concreto, el 14 de mayo, la Junta presenta un escrito denunciando estos mismos hechos en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que se acumulen a las diligencias previas 174/11, la macrocausa de los ERE, que por entonces estaba declarada secreta mientras se practicaban una serie de pesquisas.

Pero la juez Mercedes Alaya no acumuló la pieza de Umax a los ERE, sino que lo envió a reparto el 22 de mayo, correspondiéndole ese mismo día la instrucción a la juez Pilar Ordóñez, titular del juzgado de Instrucción número 10.

Alaya consideró entonces, según la resolución dictada con buen criterio en aquel momento, que los hechos descritos se refieren al desarrollo de "tareas por parte de Umax que distintos directores generales y secretaría general técnica han requerido por necesidades de externalización de sus actividades, mediante la puesta a su disposición de trabajadores de dicha empresa, entre los que se encontrarían algunos de los imputados en la presente causa (María José Rofa y Rocío Sayago)".

Los hechos descritos "no guardan relación con las investigaciones que se vienen efectuando amparadas por el secreto", afirmó Alaya, que añadió que por lo que respecta a la causa principal, en el escrito presentado se relatan unos hechos que "efectivamente podrían ser constitutivos de delito, pues en definitiva viene a denunciar la supuesta concertación de la dirección general de Trabajo con la entidad Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos".

Pero tales hechos "inicialmente tampoco guardan relación con el objeto de la causa principal, por lo que procede remitir el escrito al juzgado en funciones de guardia de incidencia, para su reparto al juzgado que por turno corresponda en virtud de las vigentes normas", según el escrito de Alaya del 14 de mayo de 2013. Esta resolución se produjo precisamente cuando el caso de los ERE se hallaba bajo secreto de sumario, entre el 6 de noviembre de 2012 y mayo de 2013.

De esta forma, Alaya declinó investigar la única causa contra la corrupción de las que se han investigado en Sevilla que ha acabado con una rotunda condena, si bien la misma todavía no es firme puesto que será objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por los seis acusados que han sido condenados, tal y como han confirmado a este periódico ya algunas de las defensas de los procesados.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios