La sentencia de la juez de lo Contencioso-administrativo es un auténtico mazazo para los 56 policías locales que se incorporaron a raíz de esas oposiciones que ahora han sido anuladas, pero la sentencia puede acarrear muchos quebraderos de cabeza para el Ayuntamiento de Sevilla.

Para empezar, al haberse anulado las oposiciones, podrían quedar contaminadas todas las actuaciones en las que hayan intervenido estos 56 policías durante los últimos ocho años, dado que este proceso selectivo finalizó en el año 2012 y tras pasar su periodo de formación, se incorporaron como agentes del Cuerpo. Es decir, cualquier multa o cualquier detención en la que hayan intervenido sería susceptible, a priori, de ser recurrida si estos policías pierden definitivamente la condición de agentes de la autoridad.

Esto podría dar lugar a un aluvión de reclamaciones contra el Ayuntamiento, eso sí, siempre y cuando por ejemplo el ciudadano que haya sido sancionado pueda acreditar que la sanción le fue impuesta por uno de estos agentes cuya plaza queda ahora en el aire.

Quizás el aspecto más delicado consiste en aquellas actuaciones en las que hubiesen procedido a la detención de una persona, que también podría ser declarada nula al haber perdido la condición de agente de la autoridad.

Otra cuestión importante es lo que decida hacer el Ayuntamiento de Sevilla con estos agentes, una vez que conoce la sentencia. Y si bien es cierto que la sentencia no es firme y va a ser recurrida, también lo es que el Consistorio tiene un problema si permite que los agentes sigan trabajando sin que se haya consolidado realmente su posición como agentes de la Policía Local de Sevilla.

Desde el Ayuntamiento lo único que han asegurado por ahora es que los servicios jurídicos están analizando el recurso de la sentencia y que "se actuará según lo que determinen".