Los tres responsables de una empresa de construcción sevillana creían haber descubierto la gallina de los huevos de oro para no pagar sus deudas: presentaban una querella criminal por estafa contra el suministrador que reclamaba el pago de una factura y así ganaban tiempo para paralizar el juicio cambiario, no pagar y asustar al acreedor.

Repitieron la táctica al menos dos veces -aunque los denunciados en falso creen que han sido muchas más- y en ambas tienen ya un escrito de acusación de la Fiscalía, que pide para ellos 15 meses de cárcel. 

El principal denunciado en falso, un ingeniero que trabajaba como su director de Operaciones, les ha llevado a juicio y pide para los tres empresarios 14 años de cárcel en la vista que celebra estos días la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. 

Una segunda falsa denuncia, con idéntico modus operandi, se encuentra pendiente de reparto en otra sala de la Audiencia y puede suponer para los empresarios otros seis años de cárcel.

Los acusados son Fernando José G.E., socio mayoritario de la constructora; Xabier L.K.B., administrador único; y David G.F., abogado de la compañía y también socio.

En 2012 presentaron la primera falsa denuncia por estafa, en la que acusaron a tres empleados suyos y a un suministrador de perfiles metálicos por haber “inflado” una factura de 150.283 euros. Aquella  denuncia penal paralizó la reclamación judicial de la factura hasta que el juez de Coria del Río la archivó diciendo que había sido interpuesta “como medio de evitar precisamente el cobro judicialmente instado del pedido entregado pero no cobrado”.

“Que esto no se convierta en una moda”

El ingeniero Joaquín Caballero fue uno de los afectados, no se conformó con el archivo dictado por el juez, denunció a su vez a los tres empresarios y el 9 de junio empezó el juicio contra ellos en la Audiencia. Caballero desea demostrar que “han utilizado una denuncia como estrategia procesal” y que “esto no se puede convertir en una moda”.

Explica a este periódico que verse inmerso en una causa penal fue  “una pesadilla que la Justicia no repara, aunque me haya declarado inocente”. Le gustaría que fuese más rápida pues la querella contra él fue interpuesta en 2012 y en los primeros años los acusados no hicieron más que ganar tiempo e intentar reabrir la causa.

Relata que en su caso se decidió a denunciar porque contó con el apoyo profesional de su esposa, abogada, aunque a ella “le ha dolido más que a mí ver a su marido acusado en falso”.

El afectado sospecha que es una táctica procesal que su antigua empresa “ha usado en más ocasiones, pensada y ejecutada exclusivamente para paralizar juicios y eludir a los acreedores mientras desplazaba su actividad al extranjero”.

En su caso, entró en la empresa en 1996 como becario y desde su despido improcedente nunca le ha faltado trabajo ni ha salido mal de ninguno de sus empleos. Tanto el suministrador como sus dos compañeros denunciados “no eran una banda y tienen trabajo en distintas empresas”, afirma.

El abogado puede ser inhabilitado durante 14 años

En este juicio, la Fiscalía pide para cada uno de los empresarios 15 meses de cárcel y multa de 18 meses con cuota de 25 euros (13.500 euros) por un delito de “denuncia falsa de delito grave”. Joaquín Caballero solicita 14 años de prisión (dos por denuncia falsa y otros 12  por tres delitos de estafa procesal en tentativa). También que indemnicen en 3.000 euros a cada uno de los denunciados en falso. 

Todas las acusaciones piden que el abogado David G.F. sea inhabilitado para ejercer su profesión durante los  los mismos años de la condena.

María José Segarra les acusó por otra falsa querella  

Los mismos empresarios tienen pendiente otro juicio idéntico en el que la Fiscalía solicita para ellos otros 15 meses de prisión, 13.500 euros de multa y el pago de 3.000 euros de indemnización al jefe de obra al que denunciaron. Los hechos fueron investigados en  2016 por María José Segarra, entonces fiscal jefe de Sevilla y luego fiscal general del Estado. La Fiscalía también pide que el abogado sea inhabilitado durante los mismos años de la condena.

En su denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, Segarra recordaba que no era la primera ocasión en que los acusados utilizaban  la misma “maniobra” para dificultar un juicio cambiario. 

La empresa perjudicada en este caso ejecutó para ellos una solería de hormigón y presentó una factura de 10.362 euros. Los empresarios denunciaron a la compañía y a su jefe de obra por haber dado el visto bueno a la factura, presuntamente sin estar autorizado para ello, y con ello consiguieron de nuevo paralizar el cobro judicial hasta que la querella fraudulenta fue archivada.

Ahora, este suministrador pide dos años de cárcel por denuncia falsa y cuatro por estafa procesal, con la petición de que las condenas sean en su grado superior puesto que “no es la primera vez que los acusados cometen estos delitos”.