El Ministerio Público reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la agencia Idea con 300.000 euros, puesto que considera que el "perjuicio total a la mercantil Invercaria y a la agencia Idea asciende a 359.581,60 euros, cantidad que puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinados a inversiones, suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque”.

Por su parte, las defensas de los acusados elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que piden la absolución y algunos de los letrados plantearon asimismo la aplicación en caso de condena de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, por el tiempo que ha transcurrido entre la investigación de esta pieza y su enjuiciamiento.

En su informe ante el tribunal, el fiscal comenzó describiendo el contexto en el que a su juicio operaba la sociedad de capital riesgo Invercaria, una sociedad anónima privada pero "de derecho público", por lo que ha hecho hincapié en que en modo alguno puede considerarse como una entidad exclusivamente privada, denunciando en este sentido que Invercaria "sustrajo el único control de legalidad" y "nunca ha estado controlada" hasta la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas en el año 2009 y posteriormente por el informe de Control Financiero Permanente de 2012.

La importancia del Plan Director

El fiscal destacó también la importancia del "plan director" de Invercaria -que regulaba una serie pasos para realizar la inversión como pasar por un departamento de Promoción, otro de Inversiones y un Comité de Inversiones- como instrumento que recoge los pasos que debían seguir los proyectos de inversión y en este sentido ha dicho que no era un plan "orientativo", como declaró el ex secretario del consejo de administración de Invercaria, sino que era un plan "aprobado" por dicho consejo y debía seguirse en cuanto al procedimiento que establecía. Sin embargo, ha señalado que lo acusados decidieron la inversión "saltándose todos los procedimientos", convirtiendo un sistema de concesión de incentivos en un "sistema de ayudas encubiertas".

Por todo ello, el fiscal criticó el "proceder negligente" tanto del consejero delegado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, como de los miembros del consejo de Administración enjuiciados, añadiendo la "absoluta arbitrariedad, descontrol y negligencia" en la concesión de las ayudas. Sobre la actuación de los miembros del consejo ha insistido en que intervinieron en la concesión de la ayuda "con una dejación consciente y deliberada, omitiendo las más elementales normas de control y aprobando una ayuda sin ni un papel".

El fiscal recordó que en este caso concreto no existía plan de negocios ni propuesta de inversión por parte de Invercaria, y  ha afirmado que la empresa Fumapa presentó una "documentación insuficiente, incompleta y que en algún caso no responde a la realidad", señalando que en el año 2008 Fumapa estaba en "quiebra técnica y no se encontraba en condiciones de devolver un préstamo".

También criticó la "indolencia" con la que posteriormente a la concesión de la ayuda se desarrolló el "seguimiento" de la inversión realizada por parte de Invercaria, algo que ha tildado de "sorprendente", y así ha afirmado que Invercaria tardó cuatro meses en reclamar el crédito a la administración concursal que se hizo cargo de la empresa cuando ésta entró en concurso de acreedores.

En otra de las sesiones, dos peritos que analizaron la situación económica de la empresa Fumapa confirmaron esta mercantil, ubicada en La Carolina (Jaén) y que tenía como uno de sus principales clientes a Santana Motor, se hallaba en "causa de disolución" cuando recibió el crédito, dado que contaba con un patrimonio negativo en el último ejercicio, y además no había presentado un "plan de negocios" para solicitar dicha ayuda por parte de la sociedad pública de capital riesgo andaluza.