Otro chófer de la Junta castigado por los tribunales de Justicia. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un conductor de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía a 17 meses de prisión por haberse apoderado, junto a nueve empleados de cuatro gasolineras de Sevilla, de 56.864,32 euros con falsos repostajes de gasolina. 

La Sección Primera de la Audiencia ha condenado al chófer Alejandro M. A. a 17 meses de cárcel y a dos años y medio de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos, en el que aprecia dos circunstancias atenuantes por las dilaciones indebidas del proceso y la confesión de los hechos. También ha condenado a ocho meses de prisión a una trabajadora de una de las estaciones de servicio, S. B. S., y a otros doce meses de prisión a otros ocho acusados -J. N. V., M. F. M., S. O. C., B. E. G., P. F. S., E. B. G., C. G. A. y A V. C.-, mientras que ha decidido absolver a otros 17 empleados de gasolineras, cuatro de ellos porque ya se le había retirado la acusación al término del juicio.

La sentencia, de 74 folios, establece además que el conductor de la Junta deberá además indemnizar con 56.864,32 euros a la Consejería de Agricultura, aunque los otros nueve acusados también tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria algunas de las cuantías por los repostajes fraudulentos. La Audiencia declara además la responsabilidad civil subsidiaria de dos estaciones de servicio, al haber quedado acreditada la “actuación fraudulenta de los empleados” de ambas gasolineras por importe de 6.162,75 y 3.155,91 euros.

La sentencia recoge como hechos probados que entre 2006 y 2009 el principal acusado, Alejandro M. A., prestó servicios para la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta. Como conductor de vehículo oficiales su misión era trasladar a los distintos consejeros delegado de la empresa pública y para ello tenía asignadas tres tarjetas de repostaje de combustible.

Repostajes inexistentes o particulares

Entre los años 2008 y 2009, “con ánimo de obtener un ilícito beneficio, de forma reiterada y en connivencia con empleados de varias gasolineras de la localidad de Sevilla”, en concreto de cuatro estaciones, llevó a cabo “maniobras fraudulentas con las cuales ha venido cargando a las tarjetas entregadas, importes por combustible de repostajes que realmente no había efectuado, en otras ocasiones realizó dichos repostajes para actuaciones particulares e incluso se realizó en otros vehículos y todo ello fue abonado por la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero a través de las tarjetas así utilizadas”.

Dicen los jueces que en la primera de las maniobras referidas, el correspondiente expendedor pasaba la tarjeta por el TPV de la gasolinera a pesar de no efectuar repostaje alguno en el vehículo oficial que conducía Alejandro M. A., cargando en ellas el importe del dinero en efectivo disponible en la caja de la correspondiente gasolinera repartiéndoselo entre Alejandro M. y el trabajador de la gasolinera.

En esos dos años, el acusado cargó a la empresa pública de la Consejería de Agricultura un total de “778 repostajes” inexistentes. Así, fueron cargados a las tres tarjetas un total de 75.979,60 euros en concepto de repostajes de 75.853,50 litros. Si bien según el kilometraje real del vehículo, que es de 108.790 km, “debería haber repostado únicamente 5.657,08 litros de combustible en carretera, 9.247,15 litros en ciudad y 6.962,56 litros mixto y haberse cargado sólo un total, en las tres tarjetas, de 5.671,74 euros para carretera, 9.271,11 euros para ciudad y 6.980,60 euros para mixto”, según los informes periciales.

Más de 66.000 euros

Por lo que a un total de 75.979,60 euros cargados en tarjetas y referido a un consumo para ciudad de 9.271,11 euros -lo más favorable para los acusados-, la cantidad defraudada en total de las cuatro gasolineras ascendería a 66.708,49 euros, si bien descontando el importe en euros correspondiente al tiempo que el vehículo estuvo en sustitución (4.759,76 euros) la “cantidad defraudada ascendería a 61.948,73 euros”, aunque una de las tarjetas devolvió 5.084,41 euros, con lo que el fraude final es de 56.864,32 euros.

El tribunal ha atenuado las penas al chófer y a una de las empleadas porque han venido “reconociendo los hechos desde su declaración en sede policial y con sus declaraciones han contribuido a la investigación del procedimiento”, y porque la causa estuvo paralizada por circunstancias no imputables a los acusados durante casi tres años.

La Fiscalía de Sevilla reclamaba inicialmente una condena de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, a los que atribuye un delito de malversación de caudales públicos o alternativamente de un delito de apropiación indebida.

En el juicio, el chófer de la Junta reconoció los hechos que se le atribuyen, aunque alegó que cometió el fraude debido a su adicción a las sustancias estupefacientes. En su declaración, el conductor exculpó a algunos de los empleados de las gasolineras.