La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año de cárcel a un hombre acusado de allanar y cambiar la cerradura de una vivienda en la localidad de Coria del Río, dándose la circunstancia de que, con anterioridad, el inmueble había sido de su propiedad hasta que no pagó las cuotas de la hipoteca fijadas sobre el mismo y un juzgado tramitó el correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria, según informa la oficina de comunicación del TSJA.El acusado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral finalmente no se celebrará tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el acusado, que ha sido condenado a seis meses de cárcel por un delito de allanamiento de morada y a otros seis meses de prisión por un delito de coacciones, mientras que en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la mujer que tenía alquilada la vivienda en ese momento con un total de 1.687,96 euros.La Audiencia considera probado que el condenado adquirió la vivienda mediante escritura pública de 20 de julio de 2006, tras lo que, el 4 de diciembre de ese año, gravó el inmueble mediante una hipoteca con una entidad bancaria. En virtud de contrato de arrendamiento de 1 de octubre de 2011, alquiló la vivienda a la afectada por la temporada comprendida entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de septiembre de 2012 por un precio de 250 euros mensuales.Debido al impago de las cuotas de la hipoteca fijadas sobre el inmueble, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río tramitó el correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria, que finalizó con la adjudicación de la vivienda a la entidad bancaria, a pesar de lo cual la afectada continuó residiendo en dicho domicilio y siguió pagando al acusado el importe de la renta "dado que desconocía que éste ya no era el legítimo propietario".Lo anterior se produjo hasta mayo de 2017, cuando la mujer descubrió el cambio de titularidad, dejó de abonar los 250 euros mensuales y comenzó a gestionar con la entidad bancaria y con su empresa de gestión de activos inmobiliarios la continuidad del arrendamiento.Sobre las 9:00 del 20 de septiembre de 2017, la denunciante salió de la vivienda porque se encontraba citada para asistir como denunciante a un juicio que se seguía por un delito leve de coacciones contra el acusado, quien, "aprovechando dicha circunstancia, de la que era conocedor porque también había sido citado para el juicio, sabiéndose carente de derechos sobre la vivienda de la que ya no era legítimo propietario, y con ánimo de impedir el disfrute de la misma a su moradora habitual, se personó en el inmueble y, tras violentar la reja de la puerta del patio trasero, accedió a su interior".Una vez dentro, el condenado se deshizo de los enseres personales de la denunciante, tasados pericialmente en 1.491,94 euros y que a día de hoy no han aparecido, y colocó enseres y fotografías personales suyas, "creando así la apariencia de que el morador habitual de esa vivienda" era él y no la afectada, mientras que también cambió la cerradura principal del inmueble, impidiendo así que la mujer pudiera volver a entrar en el mismo.Sobre las 12:00, la mujer regresó a su vivienda pero no pudo acceder a la misma, por lo que tuvo que contratar los servicios de un cerrajero para poder entrar, "logrando hacerlo asistida de agentes de la Policía Nacional", todo ello mientras el acusado se encontraba en la vía pública alegando ante los agentes que quien residía allí era él y no la afectada.La vivienda sufrió daños consistentes en la sustitución de la cerradura y el arreglo de la puerta trasera, lo que ha supuesto un gasto para la afectada de 196,02 euros.