Permuta de terrenos

La marquesa de Santaella pierde una demanda de 300.000 euros contra el Ayuntamiento de Utrera

  • No ha demostrado que el Consistorio tuviese que urbanizar sus parcelas  

José María Villalobos, alcalde de Utrera José María Villalobos, alcalde de Utrera

José María Villalobos, alcalde de Utrera / DS

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La marquesa de Santaella ha perdido una demanda de 292.644 euros contra el Ayuntamiento de Utrera, al que acusó de incumplir un acuerdo de permuta de terrenos y no entregar seis parcelas correctamente urbanizadas.

El juzgado de primera instancia 21 de Sevilla, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, dice que “en ningún momento” el Ayuntamiento se obligó a la entrega de los solares o parcelas urbanizadas, y por el contrario la marquesa y su familia “se subrogaron desde la adquisición del pleno dominio de las fincas en todos los derechos y obligaciones urbanísticas de los propietarios de los terrenos”.

María Dolores Patiño Arróspide y sus tres hijos, firmantes de la demanda, ven así rechazadas todas sus pretensiones, por lo que la sentencia les impone además el pago de las costas judiciales.

Además de esta vía civil ahora cerrada, la aristócrata denunció al alcalde José María Villalobos (PSOE) en la vía penal por incumplimiento de contrato. La querella fue definitivamente archivada en noviembre de 2018, cuando la Audiencia de Sevilla determinó que no había llevado a cabo ninguna actuación “injusta o arbitraria”.

La demandante, según la permuta firmada con el Consistorio, entregó una finca valorada en 342.644 euros y recibió seis parcelas cuyo valor se fijó en 292.644 euros más otros 50.000 euros en efectivo. Al considerar incumplido el contrato en cuanto a la urbanización de los terrenos, su demanda exigió una indemnización equivalente al valor de las parcelas recibidas.

Según la sentencia, las pruebas aportadas demuestran que el Ayuntamiento “ha dado cumplimiento íntegro al contrato de permuta, entregando las fincas descritas”. “No consta en ningún momento pactado por las partes que dichas fincas deban entregarse urbanizadas”.

Por el contrario, los nuevos titulares se subrogaron “del pleno dominio de las fincas, en todos sus derechos y obligaciones urbanísticas de los propietarios de los terrenos, entrando a formar parte del proceso de desarrollo urbanístico del sector SUP-2, que a día de hoy se encuentra en tramitación y pendiente de ejecución de las obras de urbanización”.

Esa obligación de urbanizar, en todo caso, “compete a la Junta de Compensación del sector”. En lo que respecta al Ayuntamiento, la juez recuerda que los contratos “deben cumplirse en sus propios términos y consta acreditada la entrega de las fincas”, pues la demandante no ha acreditado lo contrario.

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