Narcotráfico

Notable rebaja en las condenas a una banda de narcotráfico con semirrígidas

  • Las condenas bajan de 15 a 5 años de cárcel y de 12 a 4 años

  • Su clave eran travesías rápidas y el cambio de tripulantes para no despertar sospechas

Semirrígidas decomisadas en Cádiz Semirrígidas decomisadas en Cádiz

Semirrígidas decomisadas en Cádiz / Erasmo Fenoy

La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de entre cinco y dos años de cárcel a una red de once personas que traficaban con hachís entre Marruecos, Portugal y Andalucía, para lo que utilizaban embarcaciones semirrígidas atracadas en Vilamoura y otros puertos deportivos de Portugal. La sentencia supone condenas inferiores en dos tercios a las pedidas por el fiscal al haber aplicado a los acusados las atenuantes de confesión tardía y drogadicción.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, la detención de los acusados necesitó más de un año de seguimientos por parte de Vigilancia Aduanera, los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) y la Policía Judiciaria de Portugal. En varias ocasiones en diciembre de 2016 y enero de 2017  los narcotraficantes consiguieron su propósito sin ser interceptados.

La clave era que las embarcaciones realizaban el transporte en un periodo muy breve de tiempo, dificultando su interceptación, y además “para preservar su impunidad y evitar ser detectados, el entramado diseñó operaciones consistentes en que los tripulantes de la semirrígida eran distintos a la salida y en el regreso para no despertar sospechas entre los trabajadores de la marina”, según el fallo.

Seis de los acusados estuvieron defendidos por los abogados sevillanos Esperanza Lozano y Carlos Elías. Este último explica que la sentencia les aplica la atenuante de “haber colaborado de manera activa con la Justicia con posterioridad a su detención” y además en ocho de ellos concurre la atenuante de que tenían “sensiblemente disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas como consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes”.

Una primera operación culminada con éxito tuvo lugar el 28 de julio de 2016, cuando agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal intervinieron un alijo de 2.170 kilos de hachís que los acusados pretendían introducir por la localidad de Cabanas de Tavira en Portugal.

El 16 de enero de 2017, ante la inminencia de una nueva operación de narcotráfico, se estableció un dispositivo de vigilancia en el que el helicóptero de Vigilancia Aduanera siguió a dos pateras que salieron por el Caño de Canela al  Guadiana en dirección al mar, una de ellas navegando sin luz, hasta que a la altura de Isla Cristina empezaron a trasvasar fardos procedentes de una semirrígida que luego dejaron en un pequeño caño que confluye con el Canela.

Vigilancia Aduanera recuperó los fardos, un total de 61 con un peso de 1.871 kilos de hachís y un valor en el mercado de 2,9 millones de euros.

El 24 de junio, las autoridades portuguesas interceptaron otro alijo de 70 fardos, con un peso de 2.055 kilos y un valor en el mercado ilícito de 3,2 millones, además de detener a siete personas involucradas en la descarga de la droga en la playa de la Mareta de Sagres (Portugal).

Otros dos alijos de los narcotraficantes, realizados el 25 de agosto y 26 de septiembre, consiguieron culminar con éxito sin que fuera posible interceptar su transporte, según recuerda la sentencia. Finalmente, los once acusados fueron detenidos el 8 de noviembre.

La Fiscalía había pedido para el cabecilla, Rubén E.R., una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas y otros cinco años por blanqueo de capitales, penas que la Audiencia Nacional  deja en cinco años y cuatro meses (4 años y 4 meses por narcotráfico y un año por blanqueo de capitales).

Para José R.G., la condena queda rebajada de los 12 años que pedía el fiscal a 4 años, y para otros dos acusados, la pena por tráfico de drogas pasa de los 8 años que solicitaba la Fiscalía a dos años y 11 meses.  Otro grupo de tres acusados ven su condena reducida de 7 años y 6 meses a 2 años y 3 meses y los cinco últimos procesados son condenados a dos años de cárcel, frente a los 6 que pedía la Fiscalía.

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