Un hombre condenado a 19 meses de prisión por maltrato continuado a su ex esposa ha sido sentenciado ahora a otros seis meses de prisión por dejar de pagar 93.879 de pensión alimenticia a sus dos hijos durante cuatro años. La juez de lo penal 15 considera que no pagó simplemente porque no quiso, pese a ser consciente del “abismo existente entre su nivel de vida y el de sus hijos durante el largo periodo de impago”.

Según la sentencia a la que tuvo acceso este periódico, el acusado Ricardo M.M. debía pagar 3.000 euros (luego rebajados a 2.700) mensuales a sus dos hijos, de 13 y 5 años, pero solo atendió el pago de cuatro meses de 2017 y a partir de entonces se limitó a “ingresar nimias cantidades, que ha ido reduciendo según transcurrían los meses”. En total les debe 103.879 euros más intereses hasta julio de 2021, de los que se debe descontar lo ya pagado.

La juez le condena por un delito de abandono de familia y destaca que los niños dejaron de disfrutar del alto nivel de vida que llevaban mientras duró el matrimonio de sus padres, con colegios privados y coches de lujo.

La abogada de la madre, Irene González Angel, declara a este periódico que el impago “provocó una situación muy angustiosa en los menores, que no gozaban de la adjudicación del uso y disfrute de ninguna vivienda, y la madre, al ser rusa, no podía acudir a vivir a casa de un familiar y no tenía apoyos”. 

“Se acreditó que el progenitor no abonaba la pensión de alimentos pero también se oponía a que los menores pudieran residir en el país natal de la madre y ello conllevó una situación muy penosa para poder subsistir”, afirma, hasta que la Justicia autorizó en junio de 2020 a Olesya K. a llevarse a sus hijos a Rusia, donde continúan.

Recuerda la abogada que el Tribunal Supremo ha declarado que el impago de la pensión "ejerce una doble victimización: sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no reciben y sobre el progenitor que debe sustituir al incumplidor”, por lo que cree que “hubiera sido deseable una condena mayor”.

La sentencia afirma que no hay ninguna prueba de la supuesta “precariedad económica” del acusado, desmentida por las declaraciones de su ex esposa y del detective que le investigó.

Por el contrario, dice la juez que el condenado “oculta su patrimonio”, “se permite vivir en un ático en una de las zonas más caras de Sevilla”, “no tiene nada a su nombre para evitar los embargos”, y participa en “un entramado de sociedades mercantiles”. La magistrada no se cree que los coches de alta gama gama que conduce “pertenezcan a amigos adinerados” cuando la realidad es que los titulares administrativos son trabajadores suyos, sus esposas, su hija o una empresa de su hija.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia, también rechaza que el impago se viera condicionado por la adicción del acusado al consumo de drogas, algo que no afectó a sus facultades “ni le llevó a la indigencia”.