La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años y medio de cárcel a una ciudadana de Liberia acusada de traer a España a jóvenes subsaharianas, a las que amenazaba con prácticas de vudú para que ejercieran la prostitución y pagar la supuesta deuda derivada de su viaje.

La  sentencia de la Sección Cuarta, a la que ha tenido acceso este periódico, hace un relato dramático de la vida de la testigo protegida que permitió sacar a la luz este caso: en el año 2009, ante sus difíciles condiciones de vida, inició desde su ciudad natal de Benin City (al sur de Nigeria) una larga travesía junto a siete mujeres. A todas les habían prometido emigrar a Italia para encontrar trabajo.

Cuando supieron que la testigo estaba embarazada, la abandonaron en Libia, donde dio a luz a un niño. Pasados unos meses, la joven contactó con un hombre que le propuso llevarla a España desde Tánger. Cruzó Argelia en grupo y unos meses después llegó a Marruecos, donde estuvo en Tánger alojada por cuenta del organizador. 

El 13 de agosto de 2010 embarcó con otras personas en una patera y poco antes de partir el responsable de la operación le entregó un teléfono móvil, indicándole que le llamaría la persona que se iba a hacer cargo de ella, que era la procesada Lovethe A. Según la sentencia, esta mujer se dedicaba a introducir en España ilegalmente a ciudadanos subsaharianos.

Rescatada en alta mar por la Guardia Civil, la joven y su hijo fueron trasladados a la comisaría de Algeciras y quedaron ingresados en un centro de la Cruz Roja de esa ciudad.

Entonces recibió una llamada en el móvil que le habían entregado, abandonó el centro y un segundo acusado, Victor A., hermano de Lovethe, la recogió en las inmediaciones del centro de inmigrantes.

Cuando la joven llegó al domicilio propiedad de la procesada en Camas,  Lovethe le comunicó que  adeudaba 30.000 euros por los gastos ocasionados para traerla a España, y ya que no tenía dinero le propuso ejercer la prostitución. 

Dicen los jueces que “ante  la falta de recursos y de relaciones personales que le permitiesen conseguir un trabajo para mantener a su hijo”, la joven accedió a ejercer la prostitución, lo que hizo durante varios meses en un polígono industrial de Sevilla. 

Lovethe le indicó que, si no pagaba la deuda, mediante el rito del vudú “haría que le ocurriera algo malo a ella o a su familia en Nigeria” y para dar mayor verosimilitud a la amenaza le exigió que le entregase “uñas, vello púbico y una compresa manchada de sangre que introdujo en una bolsa con su nombre”. Llegado el momento, los utilizaría para la práctica de dicho ritual, según la sentencia.

La joven nigeriana ejerció hasta finales de 2011 la prostitución en Sevilla y todos los domingos por la mañana, tanto ella como otras mujeres que estaban en su misma situación y que vivían en la vivienda de la “mami” (como se les conoce en este mundo) le entregaban cantidades variables para el pago de las deudas contraídas. 

La acusada iba anotando las entregas en una libreta, donde descontaba una cantidad fija “como pago por  el alojamiento, cuidado de hijos y gastos de alimentación”. 

Después de que en varias ocasiones la policía la detuviera mientras ejercía la prostitución por estancia regular en España, la acusada "la echó de casa para evitar problemas”, por lo que la chica se marchó a Málaga, donde estuvo dos meses.

A continuación se trasladó a Orense, donde continuó  ejerciendo la prostitución bajo el control de otra mujer no enjuiciada en este caso.

Pese al alejamiento geográfico, siguió pagando hasta julio de 2015, cuando se negó a seguir haciéndolo y presentó la denuncia que permitió sacar a la luz este caso.

La Audiencia impone a Lovethe A. cuatro años y medio de cárcel por favorecer la inmigración clandestina y otros dos años por inducción a la prostitución. A su hermano le impone cuatro años. La testigo percibirá 12.000 euros de indemnización por los daños morales causados.

La sentencia absuelve a una tercera procesada, esposa de Victor, por falta de pruebas de su participación en un delito de trata de seres humanos pese a que fue interceptada en el aeropuerto de Madrid en octubre de 2016, cuando se disponía a volar a Marruecos, portando 9.055 euros repartidos en sobres y en enero del 2017 con 5.000 euros.

La sentencia relata que en un registro del domicilio de la acusada, la policía encontró tres bolsas de plástico con tres nombres de mujeres y uñas, vello público y sangre seca,  hallazgos “que corroboran la versión ofrecida por la testigo” sobre las amenazas mediante vudú.

La procesada intentó culpar “con evidente ánimo exculpatorio” a su marido, que -según dijo- fue quien trajo las mujeres a su casa y era propietario de la maleta donde se encontraron los restos biológicos. Versión que el tribunal “no considera creíble porque no tiene sentido que las testigos tuvieran interés en inculparla falsamente y no a su marido, a quien imputan otras actuaciones en la trama delictiva”. 

El marido fue expulsado de España en mayo de 2013  “y no parece razonable que su mujer se quedase en la casa una maleta sin revisar siquiera su contenido”, según los jueces.