El Juzgado número 3 de Melilla ha puesto fin a la investigación iniciada en el año 2019 por unas supuestas irregularidades en las partidas económicas que se destinaban al mantenimiento de las embarcaciones del grupo de la Guardia Civil encargado de vigilar la frontera marítima española y europea. El procedimiento se inició con la orden del Coronel de instrucción de una Información Reservada en relación con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de Melilla de la Guardia Civil, donde supuestamente se estaban dando una serie de irregularidades denunciadas por varios miembros de la unidad.

Estas investigaciones internas hizo que se abrieran varios expedientes disciplinarios contra el entonces el Jefe del Grupo GEAS, que supusieron la inmediata suspensión de empleo y sueldo, a la espera de resolución definitiva en cada uno de los asuntos, y su inmediata sustitución en el cargo por uno de los denunciantes.

Con esta "información reservada" se empezó a investigar contra el entonces jefe por un presunto acoso a un grupo de sus subordinados, entre los que se encontraba el agente que lo sustituyó en el mando. También se investigó un supuesto incidente de buceo ocurrido en una de las actividades marítimas llevadas a cabo por la unidad y sufrido por otro guardia civil, además de a la investigación llevada a cabo por la policía judicial por unas presuntas irregularidades económicas que se habían producido en el mantenimiento de los barcos del grupo GEAS de Melilla.

Una veintena de agentes investigados

En relación con las irregularidades contables en los fondos de la Guardia Civil, resultaron investigados una veintena de guardias civiles (algunos de ellos denunciantes) y un empresario de la ciudad siendo citados otros tantos guardias civiles de toda España, todos vinculados con el GEAS de Melilla.

En concreto, se investigaba si se produjo un delito de falsedad documental por unas supuestas facturas falsas en la compra de aceite para las embarcaciones, un delito de desobediencia a la autoridad judicial por la posible manipulación y movimiento de una de las embarcaciones hallándose precintada y a disposición judicial, un delito de estafa llevada a cabo por los guardias civiles en connivencia con algunos empresarios de la zona por facturar trabajos teóricamente no realizados.

Sin embargo, los denunciantes no se han ratificado en el Juzgado y se han evidenciado contradicciones en las que habría incurrido un testigo principal, por lo que la Jueza instructora concluye que no existe prueba objetiva de delito.

Continúa afirmando la Jueza que tampoco han sido corroboradas las supuestas irregularidades en las facturas manuscritas, puesto que los datos de la plataforma de información telemática usada por la Guardia Civil (“SIGO”) no es completamente fiable, al no estar auditados por un tercero imparcial que pueda corroborar la ausencia de omisiones o la exactitud de los datos incluidos en el sistema. Tampoco se han aportado pruebas de que se haya causado perjuicio alguno a la propia Guardia Civil respecto del consumo de aceite para motores de las embarcaciones oficiales.

También ha quedado desmentido el uso de una embarcación que estaba precintada, no constando que la embarcación fuera usada en contra de la decisión judicial, sin que existan indicios de la presunta comisión de un delito de desobediencia a autoridad judicial

 Por último, se investigaba la supuesta obtención y utilización de material intervenido por el GEAS sin la correspondiente autorización judicial. Concretamente, se investigaba la utilización en una embarcación oficial de un motor que le fue quitado a una embarcación intervenida. En este sentido, se concluye por el Juzgado que no existe indicio alguno que acredite que el cambio de motor se haya realizado sin autorización judicial que concediera el uso.

En todo este tiempo, el Jefe del GEAS ha sido declarado sin responsabilidad en un expediente disciplinario tras ser acusado de encubrir un accidente de buceo que según la resolución nunca se produjo.

Tras haber quedado claro en el otro expediente disciplinario que nunca se produjo acoso laboral, se conoció la senetncia del tribunal militar central a favor del Jefe del GEAS, representado por los servicios Jurídicos de Penaltceh, asesoría jurídica de la asociación de Guardias Civiles APROGC, estimando el Tribunal que el cese no se ajustaba a derecho y que se había incurrido en una errónea valoración de la prueba, ordenando su reincorporación y la indemnización por el tiempo durante el que éste había sido cesado. Por todo ello se ha reclamado a la administración la indemnización de 170.000 euros en calidad de daños y perjuicios.

En palabras del abogado Francisco Peláez, de PenalTech, "no todo lo que ocurre en los juzgados es realmente “justo” pero, en este caso, tras un difícil y duro camino padecido por el condecorado Brigada, hemos conseguido demostrar la verdad que no es más que el hecho de que no existía ningún fundamento para mantener las graves acusaciones formuladas en su contra y que es completamente inocente de todo lo que ha sido acusado"