En Sevilla lloramos estupendamente cuando cierra uno de esos comercios únicos que hacen una ciudad distinta de otra. El obituario del comercio tradicional es un gran género periodístico local. Redactamos de dulce las esquelas de los establecimiento a los que fueron nuestros abuelos, incluso los recordamos con precisión y emotividad cuando llevan ya varios años con las persianas echadas y sus locales ha reabierto como franquicias con las plantas superiores dedicadas a apartamentos turísticos que acogen esos viajeros que irán a desayunar a esos mismos negocios despersonalizados. El otro día casi sacamos el pañuelo leyendo el lamento generalizado por el cierre del Cine Cervantes. O, mejor dicho, por la confirmación del persianazo, pues dejó de funcionar el 14 de marzo de 2020, cuando el mundo se paró como nunca antes habíamos conocido. Los cines se quedaron heridos ya de muerte. No hubo desescalada para los cines. La pandemia aceleró muchos hábitos sociales, muchas formas de trabajo, de hacer televisión, de comunicarnos. Ytambién adelantó la muerte de actividades como el cine.
El caso es que antes de la pandemia invertimos mucho tiempo en exigir a la Junta la catalogación de un cine precioso por el que han pasado varias generaciones de sevillanos. Y se logró. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a instancias del Ayuntamiento de Sevilla por su valor histórico, artístico, etnográfico y social. Está considerado uno de los pocos ejemplos de las salas del siglo XIX que aún perduraban en la ciudad.
El informe destacó entonces que el Cine Cervantes, proyectado en 1873 como Gran Teatro Cervantes por el arquitecto Juan Talavera de la Vega, era “la sala de proyecciones más antigua de Sevilla y el único gran espacio escénico que mantiene su actividad en el casco histórico con sus principales características y espacios originales, como el escenario, el patio de butacas, las galerías y los palcos”.
Pero los mismos argumentos en los que se basó su declaración para la declaración como BIC –“por su interés histórico, artístico, etnográfico y social” y su calificación como “referente cultural identitario de la cinematografía de Sevilla”– fueron rechazados de forma tajante a la hora de conceder una bonificación fiscal que hubiera aliviado las arcas de la empresa en un período que no contaba con actividad que le permitiera obtener ingresos. La catalogación oficial al máximo nivel que reconoce los muchos valores del inmueble ha sido absolutamente inútil. Es más, la conversión en BIC representa un incremento de costes operativos y mayor dificultad en la gestión. El caso es que a la mínima oportunidad que ha habido no se ha ayudado al Cervantes desde los poderes públicos para seguir en funcionamiento. El uso diario es siempre la mejor forma de preservar el patrimonio histórico. La empresa ha asumido el paso de 35.000 euros de impuestos en dos años que no ha tenido actividad mientras todo parecía resuelto con un calificación como BIC que ha resultado inútil.
Ha que recordar que el edificio fue declarado en el PGOU en 2006 como SIP privado de uso cultural , una arbitrariedad corregida por el Supremo. Se demostró que no había suficiente demanda social y cultural en el entorno urbano como para mantener esa calificación. Al Ayuntamiento le consta desde 2006 la explotación deficitaria de los cines ubicados en el centro de la ciudad, ya que en el litigio se adjuntaba un contundente informe económico y estadístico aportado por el cine Cervantes ante el TSJA y posteriormente ante el TS, un informe que además en ningún momento fue refutado ni cuestionado ni por el Ayuntamiento ni por la Junta. Confirmaba la deficitaria explotación de los cines del centro histórico debido al cambio de hábitos del espectador, a la progresiva disminución de residentes y a las crecientes dificultades de acceso. Todos estos factores se han acentuado aún más con el paso del tiempo. Pese a todo, la familia Hernández García y la sociedad UCC han abierto año tras año las puertas del cine Cervantes a pesar de las elevadas pérdidas anuales desde hace décadas
