“Advertí del peligro que había. Veía que alguien podía meter un pie y partírselo, pero jamás pensé que por ahí cabría un niño. Nunca me lo voy a perdonar”. Así se pronunció ayer David Serrano, el dueño de la finca de Totalán en la que cayó Julen, el pequeño de 2 años y medio cuyo cadáver fue rescatado 13 días después de que se precipitara por un pozo de más de 100 metros de profundidad.

El propietario de la parcela quiso romper su silencio y comparecer ante los medios de comunicación acompañado de su equipo jurídico para ofrecer su versión de lo ocurrido el pasado 13 de enero y explicar cuál será su “estrategia de defensa”, aunque todavía nadie figura como investigado.

Según el testimonio del dueño del terreno, el día del accidente llegaron sobre la 13:00 al Cerro de la Corona con la intención de hacer una paella y pasar un día familiar junto a su pareja, los padres de Julen y los niños. Había advertido a sus invitados de la existencia del pozo y de ahí que colocara, aseguró, dos bloques de hormigón para protegerlo. Él se estaba ocupando del fuego cuando el pequeño cayó al orificio, de 21 centímetros de diámetro. “Estaba jugando y escuché voces aterradoras. Me acerqué. El niño se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido”. “Tengo una niña de 2 años que estaba allí jugando con Julen. Fue él, pero podía haber sido mi niña”, destacó.

El propietario aseguró que compró la parcela hace cuatro meses con la intención de cultivar aguacates y mangos, además de llevar unos caballos. “Para eso necesitaba agua y contraté los servicios de Antonio –el pocero– un especialista en perforaciones y búsqueda de agua. Al mes vino con su camión al campo, me hizo un boquete de más de 100 metros dejándomelo abierto, tal cual. Quería plantar aguacates...Maldita la hora”, apostilló.

Los letrados admiten que el propietario no tenía licencia para la zanja

Asimismo, explicó que el empresario al que le encargó la perforación le indicó que le cobraría 12 euros si en el sondeo no se encontraba agua y 27 en caso contrario. Unos días después, David llamó a un amigo para que retirara arena –la que el pocero había dejado alrededor del pozo– con una máquina. “Era una montaña en forma de volcán. Aproveché e hice una pequeña zapata para un muro de contención –para construir el talud–. El material que había ahí era para eso”, afirmó el dueño, quien señaló que su idea era cubrir el pozo, que estaba al fondo de la parcela en forma de L, con hormigón. Los abogados admitieron que el propietario no tenía licencia para la zanja.

David terminó su intervención lamentando no haber visto el “peligro”. “Nunca me lo voy a perdonar”, repitió en dos ocasiones. Tras ello, tomaron la palabra los letrados, pertenecientes al bufete Lawbird Legal Services para señalar al pocero como la única persona sobre la que debería recaer algún tipo de responsabilidad penal si la hubiera.

El equipo jurídico, que aseguró que se personará en las diligencias en calidad de “parte interesada”, mostró una piedra de 16 kilos, similar a la que el empresario dijo haber utilizado para sellar la prospección. “Nadie ha visto la piedra, salvo él. Pero es una forma ilegal de sellar un pozo. Hay que rellenarlo en sus últimos tramos o incluso entero de hormigón para proteger también acuíferos”, defendió el abogado Antonio Flores, que se mostró convencido de que David “en ningún momento tuvo percepción del peligro real”. “Era imposible prevenir que un agujero pudiera tragarse a un niño en esa situación tan angustiosa”, remachó.

En cuanto al sellado, Jesús Flores, otro de los letrados y también arquitecto, recalcó que David no pretendía “hacerse una villa con vistas al mar”, sino plantar aguacates, que precisa de “mucha agua”, por lo que la construcción de un pozo para riego “era absolutamente indispensable”.

Dado el “importante reto burocrático” que suponía la gestión de la licencia, se “encomendó al pocero, con 40 años de experiencia”. Un hombre “muy conocido”, que en palabras del abogado “incurre una y otra vez en inconsistencias legales y técnicas e incompatibles con la verdad”. “Uno de los requisitos para la tramitación de la licencia del pozo es la documentación que solo podía proporcionar el pocero y que no llegó a entregarle jamás al propietario”, aseveró el letrado.

Los asesores también se refirieron al “deber de abstención” de las empresas, recogido en el artículo 52 de la Ley de Aguas, que establece que las compañías de este tipo deberán, con anterioridad a la ejecución de la obra, solicitar la licencia administrativa. “Si no la hay no hay trabajo”, insistió el letrado Antonio Flores.

En palabras del arquitecto, el accidente que desembocó en la muerte de Julen “se produjo como resultado de una situación de riesgo, que se originó por las acciones y omisiones del profesional”. Así, le acusa de haber perforado un pozo de 110 metros “a sabiendas de que quebrantaba la ley al no existir autorización oficial ni un proyecto y sin que se adoptasen las medidas de seguridad”.

El pocero siempre ha mantenido que hizo “bien” su trabajo y que cubrió la boca del orificio con una piedra, pero que su actuación fue posteriormente modificada por unos movimientos de tierra en la zona.