Los países de la UE abogaron ayer por presionar a Venezuela con más sanciones tras unas elecciones presidenciales que no consideran "legítimas ni libres", en las que salió reelegido Nicolás Maduro como jefe del Estado, y pidieron a Caracas la celebración de unos comicios "democráticos".

Los ministros de Exteriores reunidos en Bruselas llegaron ayer a un acuerdo político para adoptar nuevas "medidas restrictivas" contra Venezuela, con una ampliación de la lista de las personas ya sancionadas. No obstante, no se espera que la UE dé a conocer oficialmente los nombres hasta su próxima reunión, en junio.

El bloque comunitario prolonga un año más el castigo contra el Gobierno de Siria

Los titulares de Exteriores decidieron ya en enero sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la "represión" en el país, a los que se les congelaron sus bienes y se les prohibió la entrada en la UE. A estas medidas se suman las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" en Venezuela.

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, calificó las nuevas sanciones como parte del "incremento de la presión", con la que la UE espera "convencer" a Maduro para buscar "una salida auténticamente democrática".

"Esperamos que el incremento de la presión, no sólo por parte de la UE, convenza al régimen de que la única salida es un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales y una salida auténticamente democrática que pare la deriva autoritaria del régimen", dijo Dastis, quien subrayó que los países mostraron su voluntad de "ampliar el número de personas afectadas por las medidas unilaterales y restrictivas", aunque recordó que éstas son "al mismo tiempo reversibles si las autoridades venezolanas cambiaran su modo de proceder".

Asimismo, la UE acordó ampliar otro año, hasta el 1 de junio de 2019, las sanciones impuestas al régimen sirio de acuerdo a su política de mantener "medidas restrictivas" hasta que el Gobierno de Bashar al Asad ponga fin a la represión contra la población civil. Se trata de una lista de 259 personas a las que se les prohíbe viajar a territorio comunitario y cuyos activos han sido congelados en la UE, así como 67 entidades, en respuesta a la "violenta represión contra la población civil" en Siria.