La ex presidenta argentina Cristina Fernández será juzgada por presunta corrupción al decidir ayer un juez elevar a juicio una causa en la que se le acusa de asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.

La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a quien fuera ministro del área de Obras Públicas, Julio de Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos en prisión preventiva por otras causas, entre otras personas.

El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto direccionamiento de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández.

Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".

La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.

A los imputados se les acusa de formar parte de una asociación destinada a cometer delitos para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, todo mediante licitaciones con "múltiples irregularidades".

En el relato de los hechos que estableció la Justicia se destaca cómo se hizo la "conversión formal" de Báez, amigo del matrimonio, en empresario de la construcción para "ser insertado" en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado.