El Ejército ucraniano se pronunció ayer tras dos meses de silencio sobre la grave crisis ucraniana y pidió al presidente del país, Viktor Yanukovich, que tome medidas urgentes para evitar que se ponga en peligro la integridad territorial del Estado.

En un comunicado del Ministerio de Defensa se calificó de "inadmisible" la toma de edificios gubernamentales por parte de la oposición y "los impedimentos puestos a los representantes de los órganos de poder estatal y local para cumplir sus obligaciones". Los militares subrayaron que "la escalada de la confrontación amenaza la integridad territorial del Estado".

Y mientras la oposición dejó de momento sin reacción la preocupación de los militares, el presidente ucraniano promulgó ayer la revocación de las leyes represivas que causaron los disturbios en Kiev la pasada semana y también la amnistía condicionada para los detenidos durante las protestas de los últimos dos meses.

Poco antes de esa decisión, el líder del principal partido de la oposición ucraniana (Batkivshina), Arseni Yatseniuk, pidió a Yanukovich que revocase las leyes represivas como señal de que las autoridades tienen la firme determinación de hallar el compromiso para salir de la crisis que vive el país. "La gente no cree en la disposición del poder a una resolución pacífica del conflicto en Ucrania", dijo Yatseniuk a los medios locales antes de tomar un vuelo a Múnich, donde participaba en la Conferencia de Seguridad.

La amnistía, que podría dejar en libertad a la mayoría de los detenidos desde el 21 de noviembre, cuando estallaron las multitudinarias protestas en toda Ucrania, entrará en vigor sólo cuando los activistas opositores desalojen todos los edificios administrativos que han tomado desde entonces y también todas las calles con la excepción de la plaza de la Independencia.

Esta plaza, corazón del Euromaidan -como se conoce el movimiento de protesta contra Yanukovich y el lugar físico en el que cientos de personas viven desde hace dos meses en una ciudadela de tiendas de campaña- es la única vía pública de Kiev que los opositores pueden seguir ocupando para que entre en vigor la amnistía.

Las tres formaciones de la oposición parlamentaria y también varias organizaciones radicales rechazan la amnistía, aprobada el miércoles en el Parlamento ucraniano por la mayoría oficialista, y se niegan a abandonar los edificios gubernamentales, entre ellos el Ayuntamiento de Kiev.

Además, los radicales de la organización Sector derecho tampoco están dispuestos a dejar las barricadas de la calle Grushevski, a pocos cientos de metros de la sede del Gobierno, que se convirtió en el epicentro de los violentos disturbios de la semana pasada.

El Ministerio del Interior ucraniano ya adelantó ayer que los detenidos durante los violentos enfrentamientos entre opositores y antidisturbios en las inmediaciones de la calle Grushevski "no son manifestantes pacíficos, sino sospechosos de haber cometido delitos graves".

Por tanto, y de acuerdo con la legislación de gracia promulgada por Yanukovich, no se beneficiarán de la amnistía incluso si la oposición abandona los edificios administrativos y las calles para que el documento entre en vigor.

Por otro lado, el líder opositor Vitali Klitshko denunció ayer que las torturas a las que fue sometido el activista Dmitro Bulatov, que estuvo secuestrado varios días, son un intento de intimidar los ciudadanos que no están de acuerdo con las autoridades del país.

El activista, cuyo secuestro fue denunciado el día 22, apareció la noche del jueves en las afueras de la capital con numerosos navajazos en el rostro y el cuerpo y con parte de una oreja cortada. "Incluso intentaron crucificarme, me cortaron una oreja, la cara, tengo cortes por todo el cuerpo. Pero gracias a Dios estoy vivo", dijo el activista en declaraciones a la televisión ucraniana.

Las protestas opositoras estallaron hace poco más de dos meses después de que el Gobierno de Yanukovich aplazó de manera indefinida la firma del Acuerdo de Asociación con la UE, prevista para finales de noviembre.

Tres días después de la aprobación de las nueve leyes represoras, Kiev se convirtió en escenario de violentos choques entre manifestantes y policías antidisturbios que se cobraron varios muertos -seis, según la oposición; tres, de acuerdo a la versión oficial- y centenares de heridos.