El Gobierno de Iraq lamentó la decisión de un juez estadounidense de desestimar los cargos contra varios agentes de la firma de seguridad Blackwater por las muertes de hace dos años y anunció que insistirá en que los culpables sean juzgados. "El Gobierno iraquí seguirá los procedimientos de rigor para poder enjuiciar a los responsables de la empresa mencionada y preservar los derechos de los ciudadanos iraquíes afectados y sus familias", afirmó el portavoz del Gobierno iraquí, Ali al Dabagh.

Un juez estadounidense desechó ayer los cargos presentados contra los cinco vigilantes de Blackwater que estaban procesados por la muerte de 14 personas en 2007 en el centro de Bagdad. El magistrado decidió que el gobierno de EEUU había violado los derechos de los mercenarios cuando usó las declaraciones de los procesados, a quienes se les había otorgado inmunidad, para adelantar las investigaciones.

En la declaración pública, el portavoz iraquí dijo que las investigaciones realizadas en Iraq demostraron que los agentes privados de Blackwater "cometieron un delito grave" y violaron normas que impiden usar armas sin ninguna justificación. "El Gobierno iraquí lamenta y está decepcionado con la decisión del tribunal estadounidense", añadió el portavoz, que indicó que entre los pasos que se estudian figura la posibilidad de demandar a Blackwater, que cambió su nombre a Xe Services.

Por su parte, un asesor del Consejo de ministros de Iraq, Saad al Mutalibi, anunció en declaraciones a la cadena qatarí de televisión Al Yazira que el Gobierno iraquí apelará la sentencia ante los tribunales estadounidenses. "Se apelará ante esta decisión en los tribunales estadounidenses y, si no se resuelve adecuadamente, esto definitivamente añadirá más tensión a las relaciones entre Iraq y EEUU", dijo Al Mutalibi. "La legalidad o los procedimientos de los tribunales -agregó- no deberían evitar que los criminales se enfrenten a la justicia y reciban una sentencia justa". El asesor gubernamental expresó la necesidad de que EEUU perciba que esta decisión judicial "está en contra de los intereses estadounidenses en Iraq y en otros lugares".

El tiroteo se produjo cuando los guardias de la compañía acompañaban a una delegación del Departamento de Estado norteamericano que visitaba Bagdad. Blackwater era una compañía que durante años contrató y suministró personal paramilitar para la protección de convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de gobiernos. Tras el tiroteo de 2007, el Gobierno iraquí decidió suspender la licencia de la compañía.

Los cinco agentes privados -Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball- fueron acusados de homicidio voluntario e infracción en el uso de armas por la muerte de 14 civiles y las heridas que sufrieron más de 20 personas. En el tiroteo perecieron 17 personas, pero la investigación del FBI estableció que sólo tres de las 17 muertes ocurridas en la plaza Al Nasur de Bagdad pueden justificarse como una respuesta a una inminente amenaza.