El Parlamento vive su momento más difícil ante la instalación hoy en la sede del Poder Legislativo de la Asamblea Constituyente, que amenaza con darle la puntilla, tras las estocadas recibidas en sus 17 meses de ejercicio por un Supremo acusado de servir a Maduro. La oposición obtuvo el 6 de diciembre de 2015 una holgada victoria contra el chavismo y se hacía con el control de 112 de los 167 escaños. Menos de un mes después de ese triunfo, que daba la mayoría de dos tercios requerida para tomar las decisiones más relevantes, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las proclamaciones de cuatro diputados del estado Amazonas (3 opositores y un chavista), privando a la oposición de esta mayoría cualificada.

La sentencia fue el primer golpe a la nueva mayoría. Entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, antes de que ocuparan sus escaños los diputados, el Parlamento chavista saliente juramentó a 33 nuevos jueces en una designación relámpago tachada de ilegítima por la Cámara opositora y por la Fiscalía.

La medida del Supremo sobre los legisladores de Amazonas no fue acatada por el Parlamento. El desafío trajo una nueva sentencia, que el Supremo no ha retirado hasta ahora pese a la rectificación del Parlamento, que anuló la investidura de los tres legisladores: la Cámara era declarada "en desacato". Esta figura, cuya validez jurídica desacreditan muchos expertos, ha permitido sortear el control parlamentario requerido por la Constitución para activar y extender repetidamente el decreto que permite al presidente tomar decisiones económicas sin la sanción de la Cámara. La anulación de sus facultades ha desactivado también la capacidad de fiscalización del Parlamento a jueces y otros funcionarios públicos.

La acción más ambiciosa de la Justicia contra el Legislativo ocurrió el pasado marzo, cuando el TSJ se atribuía las funciones de la Cámara por su persistencia en el "desacato" y retiraba la inmunidad de los parlamentarios. Estas dos medidas fueron después revocadas, pero encendieron la mecha de la actual ola de protestas, un fuego avivado por Maduro al convocar el 1 de mayo una Asamblea Nacional Constituyente llamada a apuntalar, con la obediencia de todos los demás poderes constituidos, la revolución chavista y el Estado comunal que promueve.