El gobierno británico rechazó enérgicamente el  domingo las acusaciones de complicidad en casos de tortura, luego de que una  comisión parlamentaria advirtiera que el uso de informaciones obtenidas  mediante esa práctica por países aliados puede valer a las autoridades estas  incriminaciones. 

Los ministros británicos del Interior, Alan Johnson, y de Relaciones  Exteriores, David Miliband, expresaron su rechazo a la tortura aunque  admitieron que es imposible garantizar sistemáticamente que las informaciones  obtenidas por los servicios de inteligencia extranjeros no fueron obtenidas  mediante ese recurso. 

"El Reino Unido se opone enérgicamente a la tortura, a los tratos o  castigos inhumanos o degradantes", indicaron los dos ministros en un artículo  conjunto publicado por el Sunday Telegraph. Aunque para garantizar la seguridad  de los británicos "hay juicios y elecciones difíciles" de hacer, aclararon. 

"Cuando los detenidos están bajo la custodia de nuestra policía o de  nuestras fuerzas armadas, podemos estar seguros sobre la forma en que serán  tratados. Por definición, no podemos tener el mismo grado de seguridad cuando  están detenidos por gobiernos extranjeros, cuyas obligaciones pueden diferir de  las nuestras", agregaron Johnson y Miliband. 

"Debemos trabajar duro para asegurarnos de que no somos cómplices de  tortura o de malos tratos", afirmaron. Se han frenado operaciones cuando el  riesgo de malos tratos era elevado, pero no es posible eliminar todos los  riesgos", indicaron. 

En su informe anual publicado el domingo, el Comité de Relaciones  Exteriores (FAC) británico advirtió al gobierno de Gordon Brown que el uso  frecuente de información obtenida mediante tortura puede ser considerado  legalmente como complicidad en violaciones de los derechos humanos. 

"Es imperativo que Gran Bretaña cumpla con sus obligaciones legales para  prevenir la tortura, investigar las posibles acusaciones y desenmascararlas",  señaló el FAC. 

Este informe se produce en momentos en que los servicios secretos  británicos enfrentan acusaciones por su presunta participación en  interrogatorios de sospechosos de terrorismo en países como Pakistán. 

El informe reconoce que el gobierno tiene el deber de usar toda la  información, sea cuál sea su fuente, que pueda salvar vidas humanas. 

"Al mismo tiempo, recomendamos que el gobierno continúe ejerciendo la mayor  presión posible para tratar de asegurar a nivel mundial que no se emplea la  tortura como método de interrogatorio", precisó el documento.