El Parlamento británico comenzó ayer a debatir la ley que pondrá fin a la preeminencia de las leyes de la UE sobre la legislación nacional del Reino Unido una vez el país abandone de forma efectiva el bloque comunitario.

La conocida como Ley de la Gran Derogación anulará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que el Reino Unido accedió a la entonces Comunidad Económica Europea, y trasladará al mismo tiempo el actual cuerpo legal de la UE al completo a la legislación británica.

Tenemos que asegurarnos de que habrá certidumbre legal el día de nuestra salida"

Con ese único acto legislativo, el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, quiere evitar vacíos normativos tras el Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019.

La ley se someterá el lunes a una primera votación en la Cámara de los Comunes y deberá superar después diversas fases antes de avanzar hacia la Cámara de los Lores, un procedimiento que el Gobierno británico quiere acelerar estableciendo límites temporales al debate.

May perdió la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de junio pero espera aprobar la ley con el apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

Las principales formaciones de la oposición se han alineado en contra de la regulación, mientras que diputados conservadores advirtieron que evalúan la posibilidad de presentar sus propias enmiendas en futuras fases de la tramitación, lo que podría suponer una dificultad añadida para May.

El Partido Laborista se ha mostrado especialmente crítico con los planes del Gobierno para utilizar un antiguo mecanismo legislativo conocido como "poderes de Enrique VIII" a fin de corregir y adaptar al derecho británico ciertos aspectos de la regulación europea. Así, alerta de que el Gobierno pretende utilizar normas secundarias, que no requieren escrutinio parlamentario, para dar su forma definitiva a las leyes primarias que regirán el país tras el Brexit.

En la primera sesión de debate, el ministro para la salida de la UE, David Davis, advirtió ayer a la oposición que los ciudadanos "no les perdonarán" si intentan "retrasar o destruir" el proceso de abandonar el bloque comunitario. "No podemos esperar a que terminen las negociaciones (con Bruselas) para asegurarnos de que habrá certidumbre legal y continuidad el día de nuestra salida", argumentó Davis, para quien oponerse a la ley es "temerario".

El portavoz laborista Keir Starmer sostuvo, en cambio, que los conservadores intentan "hacer un baipás al Parlamento" para evitar votaciones en aspectos clave del Brexit. Starmer sostuvo que el texto de la Ley de la Gran Derogación permitiría al Ejecutivo implementar los términos del acuerdo de salida sin consultar con las cámaras.

"Acepto que proponer una delegación de poderes de esta magnitud es inusual, pero dejar la UE presenta un conjunto de desafíos singular y requiere una solución pragmática", dijo Davis, quien aseguró que el Gobierno sólo utilizará sus poderes legislativos extraordinarios en correcciones técnicas.

La principal formación de la oposición tampoco está de acuerdo con el calendario acelerado que ha propuesto el Gobierno para tramitar la ley ni con la cláusula que deja fuera de manera explícita del cuerpo legal británico la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.