El Tribunal Supremo de EEUU falló ayer a favor del Gobierno de Venezuela y en contra de la empresa estadounidense Helmerich & Payne, que acusaba a Caracas de haber nacionalizado de manera ilegal en 2010 once torres de perforación petrolera.

La máxima instancia judicial estadounidense determinó que la denuncia de esa empresa no debía haber prosperado en cortes inferiores porque no habían demostrado de manera suficiente que se les había incautado propiedad en violación del derecho internacional y, en concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías.

La decisión se produjo por unanimidad por los ocho jueces del Supremo que escucharon los argumentos de las partes el pasado noviembre, cuando aún no formaba parte del tribunal el magistrado Neil Gorsuch, nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que no participó en el veredicto.

Helmerich & Payne, con sede en Oklahoma (EEUU), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda millonaria.

En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de once torres de perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía "ociosos" esos taladros desde hacía "un considerable tiempo".

Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad internacional.