El Gobierno de Honduras decretó ayer el toque de queda en Tegucigalpa a raíz de los disturbios que se registraron al cierre de una protesta de miles de seguidores del depuesto gobernante, Manuel Zelaya. Miles de manifestantes que exigen la restitución de Zelaya en el poder se concentraron a unos 200 metros de la Casa Presidencial, pero al regresar a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán se produjo el incendio de un autobús de la ruta urbana de la capital y de un restaurante de comida rápida.

La Policía atribuye los dos hechos violentos a los seguidores de Zelaya, quienes desde diferentes regiones del país llegaron a Tegucigalpa para exigir la restitución del derrocado presidente. Otra marcha similar se celebró sin incidentes en San Pedro Sula, al norte del país, la segunda ciudad más importante de Honduras.

Desde que Zelaya fue derrocado por los militares, el pasado 28 de junio, la Administración de Micheletti impuso un toque de queda en todo el país que estuvo en vigor hasta el 31 de julio pasado. La ordenanza se mantuvo en vigor desde el 31 de julio solamente en la línea divisoria con Nicaragua del oriental departamento de El Paraíso, por donde Zelaya pretendió entrar al país el día 24 de ese mismo mes.

Los seguidores de Zelaya que protestaron en Tegucigalpa tienen previsto permanecer toda la semana en la capital, aunque el dirigente popular Juan Barahona manifestó que la estancia se prolongará hasta que regrese el depuesto gobernante y Micheletti salga del poder.

Por otra parte, la Interpol dictó ayer órdenes de captura contra tres funcionarios del depuesto gobierno de Zelaya acusados de estafa, según informó un portavoz policial hondureño.

"Se ha recibido (de Interpol) la comunicación formal de orden de captura con difusión o alerta roja para los tres ex funcionarios, por estafa del edificio de la ENEE", la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, declaró a la AFP el portavoz del Ministerio hondureño de Seguridad, Orlin Cerrato.

Los ministros del gobierno depuesto Rebeca Santos (Finanzas), Rixi Moncada (de la ENEE) y Arístides Mejía (comisionado vicepresidente) fueron acusados por la Fiscalía de supuesta estafa con el alquiler del edificio de la empresa eléctrica.

Los tribunales entregaron las órdenes de captura a la Policía hondureña que "documentó el caso y se lo envió a Interpol, a la sede central en Lyon", Francia, "y se ha recibido la comunicación formal de que se emitió con difusión roja o alerta roja", detalló Cerrato.

Según la acusación, en enero de 2009 Moncada, como ministra de la ENEE, alquiló un edificio por 18 millones de lempiras (cerca de un millón de dólares) anuales de alquiler, sin someter el contrato a licitación, para las oficinas de la institución, superando el presupuesto asignado.

Mejía y Santos eran miembros del directorio de la Empresa que alquiló el edificio, situado en el este de la capital.

Los tribunales también emitieron órdenes de captura para Santos, Enrique Flores Lanza (ministro de la Presidencia) y Jacobo Lagos (ex gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel), acusados de retirar 40 millones de lempiras (2,1 millones de dólares) del Banco Central de Honduras para promocionar la consulta que tenía previsto realizar Zelaya.

El mandatario derrocado iba a llevar a cabo el domingo 28 de junio, cuando fue sacado del poder, una encuesta para que la ciudadanía decidiera si colocaba una urna adicional en las elecciones de noviembre para convocar a una Asamblea Constituyente.