México y EEUU están condenados a entenderse aunque sus relaciones parecen caminar siempre en la cuerda floja. El asesinato en territorio mexicano de un agente estadounidenses en servicio (algo que no ocurría desde 1985) vuelve a suscitar interrogantes al norte del río Bravo, cada vez más preocupados ante la amenaza del narco, sobre si deben modificarse las reglas de juego de la cooperación binacional.

En este contexto los presidentes Obama y Calderón mantuvieron ayer su quinta entrevista, con una agenda cargada de encontronazos y desacuerdos.

El Gobierno mexicano, siempre temeroso de perder soberanía, ha garantizado una investigación profunda. Washington, no obstante, ha enviado un equipo a colaborar en esas tareas, ha dejado claro que actos como estos "no serán tolerados" y ha abierto la puerta a debatir "cambios" como, por ejemplo, que sus hombres en México puedan ir armados.

Quedan todavía puntos por aclarar del ataque que costó la vida al funcionario de la Oficina de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, e hirió a su compañero, Víctor Ávila, cuando transitaban por una autopista en San Luis Potosí (400 kilómetros al norte de la capital) y unos vehículos les siguieron, les forzaron a detenerse y les dispararon. Ambos participaban en la lucha contra el tráfico de personas y aunque al principio se barajó la posibilidad de que el objetivo hubiera sido el robo de su furgoneta blindada con matrícula diplomática, la declaración de Ávila al salir del hospital en la que afirmó que se trató de una "emboscada" parece confirmar lo contrario.

También lo cree así el presidente de la subcomisión de Seguridad Nacional del Congreso de EEUU, Michael McCaul, quien acusó a Los Zetas del ataque y dijo que al no respetar "la larga tradición de no ir en contra de oficiales" estadounidenses, "cambian completamente las reglas" del juego. El presunto asesino fue capturado días después y atribuyó el suceso a "una equivocación"

Si finalmente se confirma que fue un atentado del crimen organizado calculado y anticipado, la situación se agravará, estima el comentarista Joaquín López Dóriga, porque además de evidenciarse "fugas de información" supondría "el inicio de una ofensiva contra agentes estadounidenses en México", lo que conllevaría reacciones por parte de Washington más allá de "la indignación, el ultraje, el pésame y la cooperación para aclarar el caso".

De momento, todos los partidos políticos mexicanos alertan ante cualquier intromisión de su vecino y subrayan que la investigación debe ser dirigida por México. Muchos también critican que EEUU haya ampliado las zonas de riesgo a no visitar por sus nacionales y que ya afectan a la mitad del país.

Es el primer asesinato en México a un agente de EEUU en servicio desde que en 1985 el narco secuestrara, torturara y matara al miembro de la agencia antidrogas (DEA) Enrique Camarena, lo que conllevó la Operación Leyenda, la mayor investigación por homicidio lanzada por Washington en territorio mexicano que operó con técnicas irregulares de detención y traslado de sospechosos hacia EEUU y que casi lleva a la ruptura de relaciones.

El pasado mes dos estadounidenses de 15 y 16 años fueron asesinados en Ciudad Juárez y en 2010 fueron once los muertos de esta nacionalidad (según recuento de Reforma) pero sólo la muerte de una empleada del consulado de Juárez y de su marido tuvo eco en las relaciones bilaterales. Poco después, en una reunión de alto nivel en Ciudad de México se anunció una mayor participación de EEUU en la lucha contra el narco, entre otros puntos, con grupos conjuntos en la frontera.

Ahora, sin embargo, los pronunciamientos han sido mucho más contundentes. Es "un ataque contra todos los que sirven a nuestra nación", dijo la secretaria de Seguridad, Janet Napolitano.

"Vamos a considerar si hay cambios que debemos hacer para garantizar que tengan máxima seguridad las personas que representan a EEUU y que están ayudando al pueblo mexicano", declaró por su parte el titular de Justicia, Eric Holder al ser preguntado sobre si los agentes deberían ir armados. "Por supuesto que no", contestó a la misma cuestión el secretario de Gobernación mexicano, José Francisco Blake. Los acuerdos binacionales prohíben a los agentes estadounidenses portar armas en México pero, según dijo el ex agente de la DEA Mike Levine al diario Milenio, muchos las llevan porque ven "una locura" no hacerlo.

Todos estos sucesos tienen lugar después de una serie de pronunciamientos por parte de funcionarios estadounidenses que no han gustado nada al Gobierno de Felipe Calderón, por mucho que después se hayan intentado limar asperezas, y que van desde las críticas al Ejército mexicano incluidas en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, a la consideración de los cárteles de la droga como una forma de insurgencia.