El Tribunal Constitucional de Turquía, apelando al principio vigente del laicismo, anuló ayer las enmiendas a la Carta Magna que otorgaban libertad a las estudiantes para asistir a las clases de la universidad cubiertas con el velo islámico.

El Parlamento turco, a instancias del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), aprobó el pasado febrero una enmienda a dos artículos de la Constitución para "garantizar la libertad de educación" a todos los ciudadanos e impedir que a las estudiantes con velo se les vetara el acceso a la universidad.

Una vez aprobadas las enmiendas, el principal grupo opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), impulsó un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de Turquía alegando que la libertad en el uso del velo era "el primer paso hacia la instauración de un estado islámico". El Tribunal Constitucional decidió que las enmiendas sobre el velo son "contrarias al no modificable principio constitucional del laicismo".

Los analistas políticos turcos valoraron la decisión judicial como un duro golpe contra el AKP del primer ministro Recep Tayyip Erdogan y una advertencia de que podría ser ilegalizado en el proceso en curso.

Al declarar las enmiendas sobre el velo contrarias a los principios inmutables de la Carta Magna, la corte Constitucional también ordenó que sea detenida la puesta en práctica del libre uso del velo.

"Aún debemos esperar al razonamiento tras esta decisión", dijo el portavoz del gobierno, Cemil Çicek, como primera reacción del ejecutivo.

Onur Oymen, vicepresidente de la primera formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), se mostró "satisfecho" por la decisión de los magistrados.

Esta decisión sobre el velo se ve en Turquía como estrechamente relacionada al intento del Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, de ilegalizar el AKP por tratarse supuestamente de "un centro de actividades antilaicas". El intento del Gobierno de Erdogan de eliminar la prohibición del velo dio pie al fiscal Yalçinkaya a abrir un juicio de ilegalización contra su partido.