La Cámara Baja de Brasil aprobó ayer unas nuevas medidas contra la corrupción, que aún deberán ser refrendadas por el Senado pero que ya abrieron frentes de conflicto con el Poder Judicial, que denunció maniobras para inhibir a los magistrados.

El proyecto endurece las penas contra algunos delitos de corrupción, pero introduce un polémico párrafo sobre los "abusos de autoridad" en que puedan incurrir jueces y fiscales, que pudieran ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con "motivaciones político-partidarias".

Esa ha sido una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por lo que la propuesta ha generado un fuerte rechazo entre los fiscales del Ministerio Público, que temen una maniobra de "intimidación" contra ese proceso.

"Está siendo aprobada una ley de intimidación contra promotores, jueces y grandes investigaciones", afirmó a través de las redes sociales el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores de las investigaciones en la petrolera.

Esa opinión fue respaldada por el presidente da la Asociación Nacional de Procuradores de la República, José Robalinho Cavalcanti, quien dijo al portal O Antagonista que "en una democracia se debe respetar la soberanía del Parlamento", pero esa reforma "deja el camino abierto para venganzas contra la magistratura nacional".

También reaccionó la Asociación de Jueces Federales de Brasil, cuyo presidente, Roberto Veloso, alertó de que "debilitar a la magistratura creando delitos por la actividad cotidiana de los magistrados es favorecer las prácticas de corrupción".