Los mexicanos eligieron ayer al sucesor del presidente Felipe Calderón para los próximos seis años, en unos comicios que se desarrollaron sin incidentes de especial gravedad y que a la hora del cierre de esta edición anticipan una victoria de la oposición, con el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) como favorito.

Se celebraban los comicios más grandes de la historia de México, con 2.127 cargos en disputa en 16 de las 32 entidades federativas del país y con un padrón de 79,5 millones de ciudadanos.

Además de presidente, se renovaban los 500 diputados federales y 128 senadores; los gobernadores de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán; el jefe de gobierno del Distrito Federal; 579 diputados locales y unos 900 alcaldes.

Pero al margen de los cargos, la gran cuestión en el aire era cómo se enfrentarán las nuevas autoridades al azote del narotráfico y la guerra larvada contra el Estado que ha causado ya miles de muertos en los últimos años

"Acéptenlo, lo único que queda al Gobierno de Calderón y al que venga es pactar con nosotros por que si no, los tendremos que derrocar y tomar el poder a la fuerza como hasta ahora". Aunque los cárteles nunca han pretendido conquistar el poder político sí quieren influirlo y esta amenaza firmada por Los Zetas en una narcomanta colocada en Monterrey en febrero no debe menospreciarse ya que plantea la gran incógnita que se abre tras las elecciones: ¿Pactará el nuevo gobierno con los cárteles o seguirá la guerra frontal iniciada por el presidente Felipe Calderón?

En el escenario más probable de victoria del PRI, la creencia popular es que Enrique Peña Nieto sí pactará. Él lo niega insistentemente aunque muchos de los que sufren la violencia en primera persona reconocen que lo aceptarían con tal de que se garantizara la seguridad de sus familias. "Yo no sé si antes (durante la hegemonía del PRI) había pacto con los narcotraficantes pero había seguridad", explica don José, un ganadero de 60 años de la fronteriza Tamaulipas . "Ahora hay mucho miedo porque no sabemos si volveremos a casa cada día. Por eso queremos lo de antes".

Algunos expertos también ven esa hipótesis como la más probable. "Tratarían de establecer una paz mafiosa, ir a las diferentes regiones y enviar emisarios, como está haciendo El Salvador con la Iglesia, a que actúen de mediadores para que el grupo criminal deje de matar", explica el presidente del Instituto de Acción Ciudadana y ex asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia. "Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana porque los otros 22 tipos de delitos en los que están involucrados los cárteles no disminuirían y continuarían extorsiones, secuestros, tráfico de personas…".

Para entender la situación actual hay que remontarse al momento en que quiebra el sistema autoritario priísta ya que, como cuenta el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, el gobierno perdió control sobre las regiones y también sobre los cárteles.

De acuerdo a los datos de Buscaglia, el 79% de los municipios del país están hoy infiltrados por el crimen (en 2001 eran el 31%) y las estructuras mafiosas han llegado a todos los niveles de gobierno. De ahí que haya policías que secuestran inmigrantes para dárselos a los Zetas, que gobernadores estén siendo investigados por blanqueo de dinero, o que haya tiroteos entre policías como el de la semana pasada en pleno aeropuerto de Ciudad de México.

Por otra parte, el mapa del narco mexicano está muy fragmentado, de seis grupos en 2006 se ha pasado a una docena que luchan entre sí o se alían por conveniencias económicas, con lo que a diferencia del pasado, la posibilidad de pactar se complica.

Frente a la opción de negociar con criminales, varios analistas apuntan como salida crear un pacto de Estado contra la violencia, que comience por la tolerancia cero a la corrupción. Durante la campaña, tanto el PRI como el PAN hablaron de posibles coaliciones en esta línea. Pero concretar las buenas palabras no es fácil en un país como México.