Las autoridades chinas han impuesto una vigilancia policial durante las 24 horas del día en Xinjiang, donde desde la madrugada del miércoles 35 personas han fallecido, según fuentes oficiales, en los violentos disturbios entre la policía y grupos de ciudadanos armados. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, por su parte, sitúan en 46 la cifra de muertos en tres ataques perpetrados desde el miércoles.

El principal se produjo en la ciudad de Lukqun, donde grupos armados asaltaron comisarías, sedes gubernamentales y un edificio en obras con armas blancas, lo que causó la muerte de 24 civiles y policías. Posteriormente, la policía china abrió fuego y mató a 11 de los presuntos atacantes. En Hotan, una de las principales ciudades de Xinjiang, más de cien personas en motocicletas y con cuchillos atacaron la comisaria de Karakax, mientras otra turba armada asaltó la localidad de Hanairike.

A raíz de estos incidentes funcionarios chinos de alto rango se desplazaron a Xinjiang para diseñar un plan destinado a reforzar la seguridad en la región. Esta medida se adoptó después de que el presidente chino, Xi Jinping, se reuniera con los miembros del Comité Permanente del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) para restablecer la estabilidad social en Xinjiang.

Los incidentes se producen poco antes de cumplirse el cuarto aniversario del peor conflicto étnico en China, el 5 de julio de 2009, cuando en diversas protestas de uigures en las principales calles de Urumqi murieron 200 personas.