El Consejo de Ministro acordó ayer la supresión del canon digital y la regulación, en cumplimiento de la conocida como ley Sinde, de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo declarado es la defensa de los derechos de autor frente al "expolio" de las páginas de internet de descarga no autorizada de contenidos. Esto es, aprobó el reglamento que hace posible la aplicación de dicha norma, y que el anterior Ejecutivo dejó en suspenso tras una polémica tramitación.

Las medidas fueron anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que el canon digital será sustituido por un sistema de compensación de copia privada con cargo a los Presupuesto. No aclaró, en cambio, cuál será el mecanismo, naturaleza o funcionamiento de éste, y tan sólo anunció que los criterios de fijación y determinación del canon serán marcados por el Gobierno en un real decreto. Sáenz de Santamaría recordó que la supresión del canon fue acordada por las Cortes a propuesta del PP y subrayó que con esta medida su partido cumple un compromiso electoral.

Con la luz verde al reglamento de la ley Sinde se pone en marcha la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de tramitar las denuncias contra las webs de enlaces realizadas por los propietarios de los derechos, y que sólo requerirá de una intervención judicial para identificar a un posible infractor y para solicitar el corte de conexión a internet o el bloqueo de una dirección concreta. Se trata, aseguró Sáenz de Santamaría, de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales".

"Quiero aclarar que sólo se va a actuar, y siempre, con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros. Sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales", precisó la vicepresidenta, quien destacó a continuación que con esta norma "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería" y cumple sus "compromisos internacionales".

Este anuncio enfrentó a quienes defienden esta normativa y a quienes recuerdan la legalidad de sus prácticas en internet. La propia Ángeles González-Sinde fue una de las primeras en reaccionar, al defender que su propuesta "abre un camino para una convivencia en la red de todos, de los que quieren vivir de la cultura y de los que quieren disfrutar de la cultura". En cambio, Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, explicó que aún es difícil saber la repercusión del anuncio. "La aprobación de esta Comisión puede ser la oportunidad de aclarar puntos oscuros. Si va a tener el papel que pretendía entonces la ley Sinde, no nos parece adecuado, pero si va a servir para aclarar, debatir y solucionar esta cuestión, bienvenido sea", afirmó.

De nuevo en el otro lado, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su portavoz, Sabino Méndez, celebró que España salga de "la lista negra de piratería de Estados Unidos" y entre en la de los países civilizados", y mostró su alegría ya que "por fin se impone la realidad" y se acaba "esta especie de demagogia". "Ya era hora", apuntó por su parte Antonio Guisasola, de Promusicae, una entidad que representa a parte de la industria discográfica española.

Como siempre, Twitter canalizó un alud de reacciones, que se dividieron entre dos hashtags: #RedResiste y la más minoritaria de #noalapirateria. Entre los más críticos con la ley Sinde se encuentra el profesor de IE Business School y cuasi gurú de internet Enrique Dans, quien denunció que "el PP cree que la mayoría absoluta es carta blanca" y acusó al Gobierno de legislar "para las entidades de gestión y los lobbies del copyright".