El Ministerio de Cultura calificó ayer de "muy satisfactorio" el fallo de un juez de Florida, en Estados Unidos, sobre el caso Odyssey, que protege los intereses españoles, y reiteró que la empresa cazatesoros estadounidense "no ha actuado conforme a la ley". El Ministerio dirigido ahora por César Antonio Molina explicó en un comunicado ayer se celebró en Tampa, sede social de la firma juzgada, una vista oral sobre el caso y que el juez "no sólo" ha atendido las demandas de España respecto a la confidencialidad de la información, sino que "ha ido más allá" al obligar a la empresa a facilitar, en el plazo máximo de 14 días, la localización exacta del pecio hallado en aguas del Estrecho de Gilbraltar, su nombre e identidad de éste y la información sobre la carga.

Según Cultura, que recuerda que no ha autorizado ninguna actividad arqueológica ni en aguas jurisdiccionales ni en pecios españoles, el juez fijó la fecha del 5 de marzo para que vuelvan a presentarse las partes ante el tribunal y comprobar que la información facilitada por la empresa Odyssey en dicho plazo corresponde a las demandas españolas. El juez pidió el pasado mes de noviembre pasado al Gobierno español y a Odyssey que trabajaran conjuntamente para llegar a un acuerdo de confidencialidad aceptable sobre el tesoro.

Para Odyssey, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el tesoro fue extraído fuera de las aguas jurisdiccionales de España, era una irresponsabilidad "difundir datos que permitieran la localización del sitio arqueológico" y que cualquiera con unos mínimos recursos "pudiera tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor".

Por ello, exigía al Gobierno español un acuerdo de confidencialidad con relación al cargamento extraído, pacto que nunca se consumó. El 18 de mayo del año pasado, la empresa estadounidense anunció el hallazgo de un tesoro, valorado en más de 350 millones de euros, de monedas de plata y oro, que trasladó a su país.