Prácticamente todas las reacciones al anteproyecto de ley del Gobierno señalaron –como indicaba la Asociación de Internautas– que “confirma las peores sospechas”. “Se universaliza el pago del canon digital, se limita el concepto de copia privada y se criminaliza el enlace”, denunció esa asociación, que añadía: “La reforma se hace a costa del desarrollo de la Sociedad de la Información y al margen de ésta”, y en lugar de “intentar adaptar la realidad al progreso, como debe hacer siempre el Derecho, sigue el empeño de adaptar el progreso a un concepto puramente lucrativo”.

Por su parte, en un texto conjunto, las ocho entidades de gestión de derechos de autor advirtieron de que “el nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan”. La ley, lamentaron, perjudicará “gravemente” a los ciudadanos y en cambio beneficiará “considerablemente” a las multinacionales tecnológicas. Abel Martín Villarejo, director general de AISGE, que agrupa a directores de escena, dobladores, actores y bailarines, denunció que es “inconcebible que la industria tecnológica imponga las reglas del juego de nuestra política cultural”, y acusó al Gobierno de “doblegarse al dictado de las multinacionales”.

Las de videojuegos, al menos, están satisfechas. El máximo dirigente de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, Carlos Iglesias, cree que la futura ley invita a la “esperanza”. “Hemos de tener un poco de paciencia y ser optimistas porque las cosas se están moviendo”, añadió.

Ésta fue la única nota positiva en una jornada durante la cual se pronunció también la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que avisó de que la nueva norma supone “la muerte de la copia privada”, un concepto garantizado por la jurisprudencia europea, o –dentro del arco parlamentario– por el PSOE, que a través de su secretaria de Educación y Cultura, María del Mar Villafranca, lamentó que el Gobierno no sólo no haya hecho “propósito de enmienda a sus errores”, sino que además realice “un paso más en la senda de agresiones continuadas” a la cultura.