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Análisis

fernando faces Santelmo Business School

¿Abortar o salvar la recuperación?

La inflación, más prolongada que lo previsto por el Banco Central Europeo (BCE), amenaza con abortar la recuperación. Del lado de la demanda, la presión sobre los precios está remitiendo a medida que se debilita el consumo. Pero se resiste la inflación de costes por el aumento de los precios de la energía, las materias primas, el transporte y la disrupción de las cadenas de suministro globales. Los fuertes incrementos de costes reducen los márgenes y la inversión empresarial, poniendo en peligro la recuperación. La complejidad e interdependencia de las cadenas de suministro hacen temer que la inflación de costes pueda prolongarse durante 2022, y alcanzar 2023. La proximidad de la negociación de los convenios colectivos en un clima de manifestaciones sectoriales, reivindicando subidas de precios y salariales hacen temer que los efectos de segunda ronda, espiral precios-salarios, anclen las expectativas de inflación, haciéndola estructural. Si esto sucediera la recuperación estaría en peligro. ¿Qué pueden hacer el BCE y el Gobierno español para evitarlo?

El BCE se encuentra ante un dilema: si adelanta la retirada de liquidez y la subida de tipos de interés abortaría la recuperación. Si no lo hace se arriesga a que se inicie la espiral precios- salarios y las expectativas de inflación se enraícen, con el riesgo de una estanflación como la de la década de los 70. El BCE, consciente de la escasa eficacia de la política monetaria para controlar una inflación de costes, originada externamente por el estrangulamiento de la cadena de suministro global, ha optado por iniciar una prudente y lenta disminución de la liquidez, posponiendo, sine die, la subida de los tipos de interés. El BCE reclama del Gobierno español y de los países del sur de Europa que acometan urgentemente las reformas estructurales para poder acceder a los fondos europeos del Next Generation, como mejor manera de combatir la inflación de costos, mediante la transformación hacia un sistema más productivo, con un mayor potencial de crecimiento.

El Gobierno español está actuando con retraso y a contracorriente de lo que demanda Bruselas. Las dos principales reformas, la laboral y la de pensiones, que deben de enviarse a Bruselas a final de año, están en plena negociación con los agentes sociales y sin consenso. Bruselas exige que la reforma laboral ataque la temporalidad y dualidad respetando la flexibilidad para las empresas. Del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad sin aumentar el ya alto endeudamiento público; y ambas con el consenso de todos los agentes sociales. Ninguno de los dos requisitos se cumplen. La prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa y la eliminación de las cláusulas de descuelgue reducen la flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas. La actualización de las pensiones con el IPC y la sustitución del factor de sostenibilidad en función de la esperanza de vida por un incremento de las cotizaciones sociales del 0,6% durante 10 años no garantiza la sostenibilidad a largo plazo y encarece y dificulta la contratación y la creación de empleo. Es una reforma parcial que no garantiza la sostenibilidad del sistema. El Gobierno español camina contracorriente, poniendo en riesgo las ayudas del Next Generation y la recuperación.

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