DIEZ NEGRITAS

Andalucía ya tiene sus auditorías de infarto... ¡saquen los desfibriladores!

Diez negritas

Diez negritas

Irregularidades en la contratación”, “se han cobrado muchos sobresueldos”, “caos organizativo”, “duplicidades de funciones y competencias”, “engorde artificial de la administración”, “sueldos por encima de la media del mercado”, “una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, “una agencia de colocación para otros entes”, “externalización frecuente”, “deficiencia en la gestión”... ahí queda, sintagma a sintagma, el retablo escandaloso levantado por Juan Marín, como anticipo de los seis mil folios que se cuelgan ahora en el Portal de Transparencia, expuestos en plena canícula como se exponían las cabezas de los ajusticiados en la picota de la plaza pública. Se han cerrado, finalmente, las auditorías de infarto de la “herencia recibida”, coincidiendo con la reaparición de los ERE en el Tribunal de Cuentas con la reclamación de diez millones a UGT.

Muchos dirigentes y altos cargos socialistas, a juzgar por el anticipo, van a tener que ir con la pastillita de nitroglicerina para colocársela bajo la lengua. Y en las esquinas habrá que instalar desfibriladores. Vienen curvas a prueba de miocardios; para Juan Espadas y los suyos. Aunque apunten al pasado, los titulares pesarán sobre las siglas. Y sin duda pesarán, como lo hará Kitchen sobre las siglas rivales en el otro lado de la balanza, pero a saber cuánto. El género “auditoría de infarto”, a decir verdad, no siempre ha cumplido las expectativas. Ya sucedió en 1985, con Felipe González, al que se debe la paternidad de la expresión. Su primer Gobierno comunicó ese año que ya tenía las ochenta auditorías prometidas sobre la gestión desde 1979 con datos escandalosos que serían revelados en la siguiente campaña electoral. Fue cuando Felipe dijo, a propósito de esas auditorías: “Van a provocar más de un infarto”. Y desde entonces quedó fijado el concepto de auditorías de infarto, junto a otras como “otoño caliente” o “ruido de sables”.

No es un detalle menor que las auditorías de Felipe González en 1985 llegasen en año electoral. Las auditorías, ya se sabe, provocan más infartos en la proximidad de las urnas. Y en Andalucía llegan en el tramo final de la legislatura, con el socialismo rearmándose tras su proceso de renovación. Es previsible que Elías Bendodo, en su papel de poli malo, manejará ese arsenal al modo de la gota china –no confundir con la bota malaya dentro de la rica variedad de torturas orientales descritas por Octave Mirbeau en aquella joyita del decadentismo francés de El jardín de los suplicios; ésta es una tortura consistente en hacer caer una gota cada pocos segundos sobre la cabeza, en un proceso lento que acabará siendo demoledor– para mantener la percusión incesante cada martes en San Telmo.

El recorrido que tendrán las auditorías quizá sea otro argumento, por si no bastasen los demás, para descreer del adelanto electoral al otoño. Sólo los “salvo que” y los “si no me” de Juanma Moreno sostienen la hipótesis, más allá del interés de Génova. Pero cuesta creer en elecciones hasta primavera al menos. Para Juan Marín, de hecho, las auditorías son la última tabla a la que aferrarse para mantener el cartel de Ciudadanos, vinculado a la regeneración, mientras se suceden las dimisiones y fugas en el partido, o la liquidación incómoda de Luis Salvador. Está por ver cómo gestiona la denuncia del chiringuiteo de la administración paralela, llena de casos sangrantes, sin caer en el error táctico del PP en el pasado al sembrar el pánico entre los trabajadores públicos.

El curso electoral, con todo, previsiblemente estará marcado no tanto por las auditorías como por los desequilibrios territoriales y la financiación. La Conferencia de Presidentes, convocada por Pedro Sánchez, ha certificado el descontento no sólo de las comunidades del PP. Íñigo Urkullu, un año más, ha vendido su asistencia sacando esta vez un paquete de doscientos millones para ser la única comunidad que gestionará las tasas Tobin y Google además del IVA del eComercio; y Pere Aragonés no ha asistido, displicentemente, a pesar de asegurarse el gran premio de la deuda perdonada desde Moncloa, a la espera de que Sánchez amplíe sus ofertas. ¿Quién lo duda? Para el resto de comunidades, y desde luego Andalucía, resulta amenazante el nuevo fetiche retórico de la España Multinivel, que hace pensar en una España de primera y una España de segunda. O, si se prefiere, una España que viaja al futuro en clase preferente mientras el resto irá en los vagones más modestos.

Esa España de dos niveles o dos velocidades puede tener más impacto electoral que las auditorías, cuyos efectos muchos dan por descontados tras la perdida del poder en 2018. Sánchez, a sabiendas del descontento territorial que le esperaba en la Conferencia de Presidentes ante las maniobras de Euskadi y Cataluña, se adelantó en el claustro salmantino de San Esteban para predicar –no en vano, a los dominicos se les conoce como “la orden de los predicadores”– la compra de una remesa extraordinaria de 3,4 millones de vacunas (o sea, que sí se podía hacer) y la gestión del 55% de los fondos europeos por las comunidades, esto es, 10.500 millones. No ha tranquilizado a nadie. La cuestión sigue siendo quién, cuánto, cómo y por qué.El presidente andaluz ha expresado su oposición radical “a privilegios de País Vasco y Cataluña” advirtiendo que “somos solidarios, pero si hay bilateralidad, la exigimos para Andalucía”. Claro que no es un problema de bilateralidad, que existe como tal, sino de privilegios. Y éste, sí, será el punto clave. Esos privilegios existen, existían y existirán. El Gobierno quiere contentar a sus socios para sacar los presupuestos; y necesita vender un éxito en Cataluña. De hecho, a las demás comunidades les ha planteado algo con el aire inconfundible del chantaje: los territorios beligerantes con el reparto serán penalizados. O votan a favor, o nanay. No es la primera vez. María Jesús Montero ya condicionó la devolución del IVA de 2017 a que les aprobasen los presupuestos, cosa que finalmente tumbó el Tribunal Supremo y ahora supone pagar además intereses.

No se molesten en decir que el Gobierno no puede usar los fondos europeos como un instrumento para sus intereses de partido. De hecho, no debe, pero poder, sí puede.En el futuro habrá, claro está, nuevas auditorías de infarto. Pero eso será en el futuro.

De momento, en Andalucía, con los detalles de las auditorías ahora en cartel, cabe pensar que se van a agotar las pastillitas de nitroglicerina más rápido que los autotest de antígenos.

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