No han sido una ni dos, sino muchas más las veces que he tenido que oír esta desoladora afirmación: “Andalucía no es un buen sitio para invertir” Y quienes la pronuncian no son políticos, sino empresarios e inversores industriales, que buscan en nuestra comunidad un espacio donde emplear sus fondos para hacer negocio, además de crear empleo y generar riqueza. Pero la triste conclusión a la que llegan ha sido, al menos durante las últimas décadas, que aquí es mejor no invertir.

Los motivos son muchos, pero se pueden reducir a uno solo: Andalucía es una tierra excelente, con una posición estratégica y logística extraordinaria, mano de obra joven y cualificada, pero los trámites para la instalación de una industria son interminables. Hay tanta normativa que nunca sabes a qué atenerte, y todo esto se traduce en costes inasumibles que hacen desaconsejable cualquier inversión. Te vas sin embargo a Extremadura, Castilla La Mancha o Portugal, que son limítrofes y allí todo es más rápido y seguro.

No estoy hablando de teoría, sino de una realidad que los ingenieros constatamos con demasiada frecuencia cada vez que presentamos una simple solicitud para un permiso de obra, y los trámites empiezan a dilatarse sin saber exactamente por qué. Hemos visto parques eólicos que tardan más de diez años en comenzar a construirse, ampliaciones de industrias paralizadas durante años, como el proyecto Fondo de Barril de Algeciras, o inversiones que emigran a una provincia limítrofe porque allí es todo más rápido, como la reciente de Willis que ha elegido Ciudad Real para construir un centro tecnológico de reparación de aviones en lugar del aeropuerto de Jerez, como inicialmente tenían previsto.

Los ingenieros industriales, que somos los que generalmente canalizamos y gestionamos este tipo de oportunidades empresariales, no estamos dispuestos a que esto siga ocurriendo, y llevamos reclamando de las administraciones un cambio radical y urgente en la normativa y su gestión, que permita acabar con este doloroso estigma que a nivel nacional e internacional todavía nos sitúa entre las regiones menos productivas. Un dato: en lo que respecta a las pymes industriales, el tiempo medio para el inicio de actividad en Andalucía es de 168 días, tres veces más de lo que tarda una pyme industrial en Castilla y León, que son 62 días.

Tengo que reconocer que algo se está moviendo en Andalucía desde que el actual gobierno aprobó el nuevo decreto de simplificación administrativa, pero esto no es suficiente. Si queremos que Andalucía destaque de verdad como polo de atracción de inversiones internacionales, hay que apostar más fuerte. Hace falta más determinación, imaginación, creatividad y capacidad de innovación.

Es más, diría que se requieren medidas rupturistas que deroguen determinadas leyes que solo son un freno, y para colmo no conllevan progreso para nadie, ni siquiera para el medio ambiente. También introduciría el silencio administrativo positivo, con lo que mejoraría la agilidad administrativa, muchas veces la verdadera clave de cualquier proyecto. Y finalmente, como decano de los ingenieros industriales andaluces, pongo a disposición de la Junta la capacidad de gestión de proyectos que tenemos instalada de nuestro Colegio, una corporación de derecho público, que permite las encomiendas de gestión, los convenios de colaboración y la delegación de competencias.

Insisto: no estamos pidiendo a la Junta que dedique más recursos, sino que cumpla con su obligación de facilitar -o, al menos, no retrasar- los trámites que hacen viables las inversiones de empresas o fondos industriales.

La clave está ahí. Si queremos dejar de oír -y lo queremos- aquello de que “Andalucía no es un buen sitio para invertir” las administraciones públicas andaluzas deben hacer una apuesta renovada, decidida y valiente, por añadir ciertos márgenes de desregulación y agilidad a nuestra normativa. La hiperregulación no sale gratis, y como acostumbro a decir “sin industria no hay futuro”.