No saben si el adversario es Pedro Sánchez, Pablo Casado o Pablo Iglesias, lo que sí saben los jueces es que están hartos de la batalla por el control del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que equivale a perder la obligada independencia. Tan obligada, tan indispensable, tan vinculada a las reglas de la democracia, que el pasado lunes, cuando el Parlamento Europeo dio luz verde al nuevo Presupuesto de la UE, que estará vigente hasta el 2027, se recoge que el Fondo de Recuperación estará vinculado al respeto al Estado de Derecho –mensaje lanzado especialmente a Hungría y Polonia– con una mención concreta a la independencia judicial. Lo que con toda seguridad ha leído con atención el presidente del Gobierno, que hace semanas ya vio cómo Bruselas no daba visto bueno a su propuesta de rebajar la mayoría necesaria para elegir en el futuro a los miembros del CGPJ.

Era la manera que habían diseñado Sánchez e Iglesias para lograr su objetivo de renovación del Consejo. Lo habían analizado en uno de los almuerzos que mantienen con una periodicidad más o menos semanal, almuerzos que gradualmente han ido sustituyendo a las reuniones que mantenían los lunes el llamado comité de coordinación de la coalición. Son almuerzos que provocan susceptibilidad en varios ministros socialistas, que ven cómo se da prioridad a iniciativas de Podemos e incluso cómo se aceptan propuestas que son contrarias a posiciones que han defendido siempre los socialistas.

No acaban de entender esos ministros que confiesan su incomodidad en privado, solo en privado, si esta política de ceder ante Podemos se debe a la sintonía personal que existe ahora entre el presidente y su vicepresidente segundo, fomentado en estos almuerzos a dos, o a que Sánchez está atado de pies y manos por un Iglesias que es quien da estabilidad a su Gobierno y además ha ampliado la mayoría parlamentaria con la aportación de Bildu y ERC, dos partidos con los que negoció personalmente.

Esa incomodidad en el seno del Gobierno, que era un clamor, se visualizó finalmente el miércoles con la discusión en una sala del Congreso entre Pablo Iglesias y María Jesús Montero, el abandono del hemiciclo de Pablo Iglesias cuando la ministra González Laya afirmó que la política exterior la hacía el presidente y la ministra de exteriores, y cuando el propio presidente del Gobierno tuvo que salir en defensa de la vicepresidente económica ante la posición crítica que mantenían distintos miembros de Podemos, sobre todo Pablo Iglesias, ante Nadia Calviño. Todo eso en apenas unas horas, cuando se celebraba en el Congreso la sesión de control al Gobierno.

Enredos y tensiones

En ese clima todo lo relacionado con la renovación del CGPJ se ha enredado y tensionado más de lo habitual. El punto álgido se alcanzó el jueves, cuando el Consejo celebró un pleno, en contra del criterio del Gobierno, para proceder a la elección de varios miembros de sala y tribunales regionales de Justicia. El CGPJ lleva dos años en funciones y, para presionar al PP y que abandonara su posición de lo el Gobierno llama “bloqueo”, se advirtió al Consejo que debido a su interinidad no podía realizar nombramientos. El propio ministro de Justicia insistió en esa posición, a pesar de que, como s ele recordó desde el Consejo, cuando él era vocal defendió que se pudiera hacer nombramientos en el tiempo de interinidad. Aun así el Consejo decidió cubrir solo los puestos para los que solo había un candidato o existía consenso claro en el Consejo. Dejaron sin embargo sin elegir a presidentes de Sala sobre los que hay debate, con interés de los partidos para colocar a jueces cercanas.

Por otra parte, antes del inicio del pleno, cinco de los vocales progresistas intentaron una maniobra para presionar su vez a que el PP negocie cuando antes la renovación, presentando la propuesta de presentar todos la renuncia a partir del 1 de enero, pero fue rechazada por la mayoría.

La renovación del Consejo, y las negociaciones que se suceden desde hace más de un año, están directamente relacionadas con el control que los partidos quieren tener sobre los miembros del órgano que gobierna a los jueces. Formado por 20 miembros que deben elegir al presidente, 12 de ellos deben ser Jueces o Magistrados, 6 elegidos por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista propuesta por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados. La elección parlamentaria será por mayoría de tres quintos, lo que hasta ahora obligaba a llegar acuerdos entre PSOEy PP. Ahora esa mayoría solo se daría si hubiera acuerdo entre esos dos partidos, es la razón de que el Gobierno proponga mayoría simple para permitir así la entrada de representantes de sus socios, sobre todo Podemos, que no solo quiere tener al menos un vocal, sino que exige contar con un miembro de su partido en la negociación.

Casi desde el momento en que se eligió presidente a Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo empezó a negociar la renovación del Consejo con el responsable de las cuestiones judiciales del PP, Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Se conocen muy bien, miembros del CGPJ al tiempo durante varios años, y tenían las negociaciones muy encauzadas.Todo saltó cuando desde el Gobierno se trasladó al PP que Podemos debía entrar en las negociaciones. Casado se negó de forma tajante, y además negarse a sentarse a negociar con Podemos, porque consideraba que se ponía en riesgo la independencia judicial a la vista de declaraciones de miembros de Podemos sobre decisiones judiciales, abogaba por investigar una fórmula que impidiera la politización de la Justicia. El PP pone el acento en que entre los candidatos de Podemos a formar parte del Consejo figura Victoria Rosell, juez a la que Iglesias quería nombrar ministra de Justicia en un hipotético –entonces– Gobierno de coalición. Rosell es actualmente delegada del Gobierno para la Violencia de Género, lo que según el PP la incapacitaría ser miembro del Consejo por ocupar un cargo político.

Exigencias de Podemos

En el propio Gobierno hay también reticencias hacia las exigencias de Podemos. Los miembros del Consejo se eligen durante cinco años, y en ese tiempo ni se sabe qué puede ocurrir con Podemos, si se mantendrá la coalición, si el partido tendrá la actual representación parlamentaria … y qué asuntos debe ser resueltos en el Consejo.

Reconoce algún miembro del Gobierno que algo hay que dar a Podemos porque la situación empieza a ser excesivamente tensa, como se visualizó el miércoles y hay asuntos de enorme relevancia que obligan a lograr una serenidad y confianza que hoy no existe en el equipo gubernamental, sobre todo los relacionados con la economía y cómo se va a actuar el reparto del fondo de reconstrucción europea, que viene muy condicionado y Bruselas no va a consentir que se haga en función de los intereses de un partido populista de izquierdas. Podemos no interviene en la política exterior del Gobierno, también ha sido excluido de la política de Defensa, y para Iglesias es fundamental que tenga peso en Justicia, de ahí que esté volcado en conseguir formar parte de la negociación del Consejo y que se incluya a un vocal de su plena confianza.

Hoy por hoy el bloqueo es por tanto total, pero desde el gobierno afirman que en cuanto pase el impasse de las Navidades, encontrarán una solución para la renovación del CGPJ. Con o sin el PP. Aunque reconocen que tendrán que hacerlo con la mirada puesta en Bruselas : no hay futuro para el gobierno de coalición si Bruselas advierte que no se dan las condiciones exigidas para que lleguen los 140 mil millones del Fondo de Recuperación.