Hace unas semanas murió James Mirrlees, premio Nobel de Economía que, entre otros temas, trabajó en un impuesto óptimo sobre la renta que equilibrara equidad y suficiencia recaudatoria, que estimulara la profesionalidad personal. La conclusión principal de Mirrlees -en un precioso modelo matemático publicado en 1971- es que ese impuesto tendría que ser de tipo único, pues con él se consigue sencillez y eficacia recaudatoria y se respeta a los que con su esfuerzo ganan rentas del trabajo relativamente altas. Además, con una generosa exención, se cumple con el principio de equidad.

Hace un par de años estuve en el tribunal de una tesis doctoral, en la Universidad San Pablo, CEU, de Raúl Sánchez Acalde, dirigida por las doctoras Calderón y Barruso, sobre la aplicación del impuesto de tarifa única en la Unión Europea. El autor partía de que el IRPF siempre es insuficiente, crea inseguridad (14 veces se ha modificado desde 1978), es complicado y no es equitativo.

Los cálculos, contando con aumentar la recaudación y reducir la desigualdad, daban para España un tipo único del 34% y un mínimo exento de 12.000 euros para un declarante con dos hijos.

Las propuestas que se hacen desde el Ministerio hablan de un 52% para trabajadores que ganan más de 140.000 euros. Con la tarifa única, quien ganara, por ejemplo, 50.000 euros pagaría 17.000 euros, y quien ganara 150.000 euros pagaría 51.000 euros. Esto ya es suficientemente progresivo, pues no hay ninguna razón por la que una persona por tener más capacidad de trabajo, cualidades personales, y haber hecho un esfuerzo e inversión personal tiene que ser penalizada de una forma que es más que proporcional.

Tampoco tiene sentido discriminar a empresas que facturan más de un millón de euros, ¿se pretende incentivar que las empresas no aumenten facturación?, ¿invertirán más, o irá a beneficios? ¿Por qué se quiere discriminar al sector bancario que trabaja con tipos de interés bajísimos?, ¿y por qué no a intermediarios financieros no bancarios y a las transacciones especulativas?

Está bien que las empresas grandes contribuyan y la fiscalidad europea debe crear un espacio común fiscal sobre ellas. Y que no existan paraísos y refugios para las grandes fortunas. Hay sentencias sobre la interposición de sociedades vacías con el único propósito de defraudar y la ley puede ser más dura y más clara al respecto, sin tener que señalar al que gana 150.000 euros con su trabajo, o consigue facturar más de un millón.

Las propuestas que se van filtrando parecen ser iniciativas de partidos que buscan aumentar recaudación con un sentido social de la distribución, aunque no se menciona ningún criterio económico, lo que también forma parte de la política y organización social.

Seguramente, James Mirrlees, fiel votante del partido laborista británico, no pensaría que hay una lógica social en todo esto, y recordaría, en la tradición del tratado de imposición de 1845, de McCulloch, que dice: "En el momento en que abandonas el principio cardinal de extraer de cada individuo la misma proporción de su renta o de su propiedad, estás en un mar sin timón ni brújula, y no hay injusticia que no puedas cometer".