Análisis

Diego Martínez López

Universidad Pablo de Olavide

Cañonazo de dinero para las comunidades

¿No era el momento de hacer partícipes a las autonomíasde una restricción presupuestaria que en 2022 no debiera ser tan laxa como en estos últimos tiempos? La pregunta no tiene respuesta

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. / EFE

Permítanme empezar con una anécdota personal. En su momento valoré realizar mi tesis doctoral sobre financiación autonómica. Leía sobre el tema, echaba números, preguntaba a los que sabían y, finalmente, abandoné la idea. La razón: era un asunto imposible de abordar en el mundo real buscando patrones de racionalidad. Hoy, veinticinco años después, me encontraría en una situación similar. Y no estoy hablando, por supuesto, de los detalles técnicos. Si bien éstos presentan cierta complejidad –inferior a la de la factura de la luz–, tarde o temprano sus tecnicismos terminan siendo aprehendidos por un intelecto normal. Me refiero más bien a la secuencia lógica, conceptual, que guía muchas decisiones en el terreno de la financiación territorial. Para un servidor no son fáciles de encontrar las causas últimas que explican esta realidad, ni siquiera apelando a la socorrida política que tanto puede explicar en estos tiempos.El reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado esta semana es un ejemplo de ello. Después de los cañonazos financieros lanzados desde el Gobierno central a las comunidades autónomas en 2020 y 2021, se repite la estrategia de cara a 2022, cuando sería más fácil de entender lo contrario en unas circunstancias que han cambiado de manera sustancial.

Miremos hacia atrás y valoremos algunas cifras. Por ejemplo, del fondo Covid-19 dotado con 16.000 millones de euros para gasto socio-sanitario y educativo, se utilizaron unos 13.000 millones, con la mayoría de las comunidades cerrando 2020 en superávit. Se podría hablar también de la transferencia de casi 13.500 millones (además de los mecanismos extraordinarios) para cubrir el déficit público autonómico en este 2021, aunque finalmente se situará bastante por debajo de esa cifra. Y de la liquidación récord del sistema de financiación de 2018 recibida en 2020 o de la también sustanciosa que viene ahora del 2019. Lo voy a decir con claridad: las autonomías en su conjunto han estado sobrefinanciadas en 2020 y 2021, dada la situación que hemos vivido y la de otras administraciones.

Este “suma y sigue” ha continuado en el reciente CPFF. Las comunidades obtendrán unos 3.100 millones de euros por la polémica liquidación del IVA de 2017; en rigor, se trata de un acto de justicia avalado por los tribunales y que se estaba parcheando con préstamos a tipo cero. También, y esto ha sido lo más llamativo, las autonomías recibirán una transferencia extraordinaria de casi 4.000 millones de euros para hacer frente a la liquidación de 2020 del sistema de financiación y que se producirá en 2022. Y todo ello en el contexto de unas entregas a cuenta para el año que viene de 112.000 millones de euros, cifra jamás alcanzada.

Dadas estas cifras, mi pregunta sin respuesta es: ¿no era el momento de hacer partícipes a las comunidades de una restricción presupuestaria que, en 2022, no debiera ser tan laxa como en estos últimos tiempos? No hablo de austeridad. Simplemente me refiero a tomar contacto con una realidad que no es la que dibujan esas cifras, buscando un escenario más lógico y prudente.

Por criterios políticos, el Gobierno decidió asumir todo el coste de la pandemia sobre sus cuentas, permitiendo a las comunidades vivir en una especie de limbo financiero. La realidad es que se pasó de frenada y dio más dinero del que éstas necesitaban y podían absorber. De ahí los superávits y las previsibles devoluciones en años sucesivos. Y en lugar de dosificar estas devoluciones, como ya se hizo en ocasiones anteriores, pues borrón y cuenta nueva: se perdonan. En una fase expansiva del ciclo económico y sin reglas fiscales de ningún tipo. Por cierto, que se hayan suspendido las reglas fiscales en Europa no significa que debamos comportarnos como el alumno que saca la chuleta porque el profesor no lo ve. Todo esto sienta precedentes perjudiciales en términos de credibilidad y gobernanza fiscal, como si se tratase de un rescate (anticipado y no pedido) de las regiones.

¿No se podrían haber dedicado esos 4.000 millones de la devolución perdonada a engrasar una minirreforma del sistema de financiación? Con la vista puesta en corregir la falta de equidad que algunas comunidades llevan años sufriendo. Además, esta medida se acompañaría de ajustes en el concepto de población ajustada, recaudaciones normativas, etc., que facilitasen otros cambios necesarios.

Por el contrario, se ha complicado todavía más la economía política de una posible reforma del sistema de financiación. Después de los cañonazos de dinero que estamos viendo, no alineados con mejoras en la equidad o en la responsabilidad fiscal de las autonomías, ¿cómo jugar las fichas de una reforma de la financiación autonómica coherente?, ¿cómo pedir mesura a responsables autonómicos que, ante el reparto discrecional de dinero, interpretan que la estrategia a seguir es la reivindicación del agravio político? Si se visualizase un modelo de federalismo fiscal en lontananza, o al menos algunos ajustes de naturaleza técnica para aliviar situaciones de verdadera necesidad financiera, la manía persecutoria que padecen algunos gobiernos autonómicos perdería gran parte de su demagogia.

A nadie se le escapa que caminamos hacia un serio problema de sostenibilidad en nuestras cuentas públicas. No bastará el mero crecimiento económico para reducir sustancialmente el elevado volumen de deuda pública que hemos acumulado. Ocurre lo mismo en las autonomías, la mayoría de las cuáles tampoco está para lanzar cohetes en ese terreno. ¿No ha llegado el momento de emitir señales de responsabilidad fiscal en la financiación territorial? ¿De hilar medidas que, de forma transitoria, permitan atisbar cambios de más calado a medio plazo? Desde luego, no eran ni son preguntas para una tesis doctoral.

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