El agravio es un argumento más simple que la tabla del 1; un viejo recurso también conocido como el enemigo exterior. Pero no hay que despreciar la potencia del victimismo: se trata de un instrumento político fundamental desde la Antigüedad. Persuadir a la ciudadanía de que el culpable es Esparta, o los bárbaros, o los judíos, o los yanquis, o una conspiración judeomasónica, o el FMI, o el Club Bilderberg de los conspiranoicos, o los hombres de negro de la Troika, o Iraq aunque no tuviera armas de destrucción masiva... ha funcionado, funciona y funcionará.

El nacionalismo, desde el XIX, se ha apoyado ahí. El caso catalán con “Espanya ens roba” pasará a los libros de la Historia, y sobre todo de la Historia de la Infamia. Pero es generalizado. Como escribe Amin Malouf en Identidades asesinas: “¿Acaso no es la principal virtud del nacionalismo hallar para cada problema un culpable antes que una solución?”.

No es, pues, patrimonio de nadie; de ningún territorio, de ninguna ideología. En Andalucía, los alcaldes del PP lo han usado mucho contra la Junta del PSOE; pero también la Junta del PSOE contra el Gobierno central, tanto Chaves con Aznar como Susana Díaz con Rajoy; y ahora el Gobierno Moreno-Marín con Sánchez. Alguien a quien culpar de los males es siempre una válvula de descompresión que alivia tus problemas: a falta de ofrecer una solución, pues efectivamente ofreces al menos un culpable.

Nadie puede creer realmente que el Gobierno central se proponía castigar a Málaga y Granada. Se desarma con facilidad: ¿por qué? No es verosímil, tanto menos si se aplica la misma receta a una comunidad socialista como la valenciana. Establecido eso, puede afirmarse que el Gobierno sí ha castigado a Málaga y Granada, como a Valencia, pero no por castigarlas, sino actuando con opacidad discrecional. El Gobierno se ha dedicado a lo largo de la semana a filtrar supuestos motivos para no pasar a fase 1: el lunes, el formato territorial; el martes, los defectos formales; el miércoles, la movilidad… y así día tras día. Todo esto es mucho más sencillo: si había motivos claros para la exclusión, ¿por qué no hacer públicos los criterios? Si era así, ¿por qué ocultar el informe? Si alguien oculta, aplíquese la navaja de Occam.

La hipótesis más consistente es que el Gobierno opera con criterios que prefiere ocultar. Por eso La Moncloa renunció a la transparencia; y eso es un riesgo. Incluso para observadores muy afines, resulta indefendible el modo en que el Gobierno Sánchez ha decidido dirigir el paso de fases. En la contradictoria sociedad transparente, como escribe Byung Chul-Han, se convierte en sospechoso todo lo que se sustrae a la visibilidad. Fernando Simón volvió a equivocarse al sostener que son demasiados datos para justificar el ocultamiento de los criterios.

El Gobierno andaluz, claro está, ha aprovechado el enfoque más ventajista: el coronagravio, que en un momento de debilidad indigna a quienes están en la ruina y no ven la salida del túnel. Pero además el coronagravio se afianza con la cuestión de la financiación, que sí que perjudica abiertamente a Andalucía una vez más, en términos objetivos. La distribución de fondos, como ya sufrieron los anteriores gobiernos andaluces, beneficia sospechosamente a los socios en el Congreso; por más que el susanismo, convertido ahora en club de fans del sanchismo, se sume a las coartadas indefendibles.

Los sondeos han detectado pérdida de apoyos al Gobierno Sánchez en Andalucía; y esta semana han sumado nuevos errores que empeorarán la percepción colectiva más allá del coronagravio: un mensaje de brocha gorda de Alberto Garzón sobre la falta de valor añadido del turismo –ay, qué momento para abrir ese melón– que no es falso aunque sí desprovisto de matices; y una orden a la Inspección de Trabajo del Ministerio que dirige Yolanda Díaz que criminaliza el campo al investigar si hay “esclavitud”, “alambradas”, “guardianes”, “malos tratos”… porque, sí, en el campo hay abusos y situaciones brutales, pero así se traslada la idea de que esto es una plantación algodonera de Mississippi antes de la Guerra de Secesión, y eso es otra torpeza. Los ministros de UP deberían saber que en el poder ya no te jalean estas cosas como un tuit ingenioso, sino que se someten a un escrutinio implacable.

De todos modos los andaluces pueden estar tranquilos. La ex presidenta Díaz ha declarado –de entrevista en entrevista, en una variante de la tournée de Dios de Jardiel– que “cuando se quiere ayudar no hay excusas. Aunque el Gobierno andaluz no se deje, nosotros estaremos aquí para ayudar a los andaluces”. O sea, en Andalucía no hay de qué preocuparse, porque a pesar del bloqueo desalmado que impone el Gobierno andaluz a las’ ayudas, ella desde la oposición estará ahí para asistir a los andaluces. Sin duda ya podemos quedarnos mucho más tranquilos.