Análisis

Rogelio Velasco

Cuadrando el círculo de las pensiones

Las manifestaciones callejeras lideradas por pensionistas, que se han sucedido durante varios días en ciudades españolas, han obligado al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar la iniciativa política, proponiendo esta semana en el Congreso la adopción de medidas para elevar algunas pensiones, en particular, las que menores prestaciones reciben.

De acuerdo con las propuestas del Gobierno, las pensiones de viudedad, orfandad y maternidad se financiarían con impuestos, mientras que las de jubilación e incapacidad seguirían financiándose con las contribuciones.

Desde un punto de vista meramente formal, esas reformas permitirían dar algún oxígeno al Gobierno, al reducir el déficit en las cuentas de la Seguridad Social. Pero como ocurre en las empresas, si se sustituye una deuda por otra, la deuda global no cambia, solo se modifica el nombre. Lo que dejara de pagar la Seguridad Social, lo pagaría Hacienda.

Si el Gobierno quiere definir un nuevo escenario más estable y viable financieramente para las pensiones las reformas propuestas no son, ni de lejos, suficientes para estabilizar este sistema en España.

Durante el periodo que va de 2008 hasta el año pasado, la evolución del pago de pensiones ha mostrado un comportamiento no homogéneo.

Durante los tres primeros años de la crisis, 2008-2010, las pensiones ganaron un 1,7% de poder adquisitivo. Recordemos que durante ese periodo el sueldo de los funcionarios sufrió un recorte y fue congelado posteriormente. Fue durante los años 2011-2012, cuando experimentaron una pérdida de poder adquisitivo del 4,8%. Recuperaron en parte esa pérdida durante los tres años siguientes, para acabar nuevamente perdiéndolo en 2016 y 2017. Globalmente, durante la crisis y el inicio de la recuperación, las pensiones han perdido un 2,15% de poder de compra.

Se podrá pensar que es grave lo ocurrido, especialmente para las pensiones más reducidas. Pero como con cualquier otra variable económica, hay que ponerla en contexto y compararla. Tanto los funcionarios como los empleados del sector privado y los parados de larga duración han contado con una suerte mucho peor que la de los pensionistas.

Como se ha escrito extensamente, sólo una serie de medidas combinadas harán posible que la Seguridad Social española estabilice su situación y pueda ofrecer unas pensiones que sean viables y compatibles con el resto de las obligaciones del sector público, que financia prestaciones tan importantes como sanidad, educación y servicios sociales, por nombrar sólo aquellas de carácter más social.

Sobre pocos asuntos se hace más demagogia política. La razón es clara. Los 9,5 millones de pensionistas representan el grupo social más numeroso y ningún partido político está dispuesto a perder ese apoyo electoral.

Las que el presidente Rajoy ha prometido en el Congreso son medidas a muy corto plazo, favorecidas por el posible mayor crecimiento económico para este año del que inicialmente se pensaba. Esto va a permitir un respiro para gastar algo más y, al mismo tiempo, reducir la deuda pública.

España necesita un acuerdo entre todos los partidos que dure veinte años, para que los actuales pensionistas y los que se incorporen durante ese periodo, puedan ver un futuro menos pesimista.

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