Análisis

Joaquín aurioles

Desigualdad institucional

Los comités electorales de los partidos que han participado en las elecciones andaluzas se esfuerzan en encontrar explicaciones a lo sucedido. En el PP deben ser conscientes, después del varapalo recibido, de que el éxito del centroderecha se soporta en el rotundo fracaso de la izquierda y en la posibilidad de desalojar al PSOE de la Junta. Más insatisfactorio debe ser el análisis socialista, con resistencias a reconocer la desafección con los enredos del Gobierno de Sánchez o el hartazgo con una forma de gobernar que, después de cuatro décadas, no ha conseguido mover un ápice a la comunidad de su situación de atraso. Otros análisis más finos ponen el foco en cuestiones con frecuencia infravaloradas, como la idoneidad del andamiaje propagandístico (Canal Sur frente a redes sociales) o la ceguera frente a la tendencia en el voto desde la mayoría absoluta de Chaves en 2004.

Intuyo, puesto que no dispongo de datos, que en esta ocasión ha podido tener una significación especial lo que podríamos llamar desigualdad institucional, que es un concepto cercano a la desigualdad de oportunidades. Es diferente a la que habitualmente se expresa en diferencias de renta por habitante y tiene que ver con el tipo de relación que se establece entre el individuo y las instituciones, en función del grupo o minoría social al que pertenece. Estados Unidos puede ser un buen ejemplo de desigualdad institucional, en la medida en que los patrones de progreso social pueden diferir según el grupo étnico o religioso. La desigualdad institucional en el caso de Andalucía está vinculada a la crisis de un modelo de bienestar excesivamente dependiente de transferencias de renta desde el exterior.

Tendemos a confundir las instituciones con los organismos públicos, pero, al menos en economía, el concepto se extiende al conjunto de normas y reglas observadas en las relaciones sociales. Entre ellas, las que fijan rutas de progreso social tan dispares como el esfuerzo personal, el enchufismo o el corporativismo. Para la economía, el papel de las instituciones es proveer un cuadro de incentivos que permita una sociedad próspera y eficiente.

El régimen clientelar en Andalucía se reforzó con la concertación social, que permitió levantar las organizaciones sindicales y empresariales más opulentas del país, y también las más condescendientes con el poder, a pesar del lastimoso estado del empleo y del empresariado. El declive vino con la crisis de 2008, cuando los recursos públicos comenzaron a escasear y las instituciones extractivas se vieron desbordadas por una creciente demanda de protección. El deterioro de los servicios públicos contribuyó a elevar el número de agraviados por desigualdad institucional y de excluidos del paraguas de los recursos públicos y a ignorar las proclamas electorales contra el miedo a la derecha de los recortes. Consumado el anuncio de renovación, de la nueva Junta de Andalucía cabe esperar resistencia a la tentación de imponer un nuevo sistema clientelar y esfuerzo por construir un sistema inclusivo y eficiente de incentivos y un modelo de bienestar estable, es decir, menos dependiente de transferencias de renta.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios