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Análisis

Joaquín Aurioles

Electricidad y derechos de contaminación

El precio del kilovatio generado en las centrales térmicas se ve afectado por el del gas y el petróleo. A las hidroeléctricas, nucleares y renovables debería traerles sin cuidado, pero les importa, y mucho, porque el precio de toda la electricidad se determina en función del coste de la más cara de producir, que es precisamente la de las centrales térmicas.

Puesto que no se puede distinguir el kilovatio consumido por su procedencia, parece razonable que el precio sea el mismo para todos. Como además se trata de un mercado regulado (el precio lo fija el Gobierno), hay que garantizar la viabilidad económica de las térmicas (aportan el 10% de la producción), porque con las otras no hay suficiente. El problema es que casi todas pertenecen a las mismas empresas, que nos cobran el kilovatio, tanto el caro como el barato, como si todos fueran caros, con el consentimiento del regulador y la irritación de los consumidores. Para las eléctricas son "beneficios caídos del cielo", provocados por el deficiente sistema tarifario.

Pero todo lo anterior no es más que la tercera parte del precio final. El resto son peajes que, por diferentes conceptos, recaen sobre los hogares y las empresas. Entre ellos, el 26% de impuestos (no solo el 21% de IVA), compensaciones a Baleares y Canarias, moratoria nuclear o el famoso e incomprensible déficit de tarifa. En medio de este maremágnum, la única pieza que podría haber funcionado con sensatez era el mercado de derechos de emisión, aunque finalmente también las decisiones erróneas acabaron por estropearlo.

En este mercado se negocian permisos de contaminación previamente autorizados por los gobiernos, en coherencia con la estrategia contra el cambio climático. El español se integra en el europeo, que es el mayor del mundo, y funciona desde 2005. Entre sus virtudes está que incentiva a los grandes contaminadores a invertir en descontaminación. Si una empresa quiere aumentar su producción y, por tanto, sus emisiones contaminantes, deberá adquirir los permisos correspondientes de quienes reduzcan su producción o sus emisiones. El gran chollo fue que el primer reparto se hizo a coste cero y que las centrales no contaminantes (hidroeléctricas y nucleares) también recibieron su parte. Las empresas propietarias de la mayoría de las centrales de uno y otro tipo encontraron otra fuente de "beneficios caídos del cielo".

El mercado fue concebido para que el precio del permiso oscilase entre los 25 y 30 euros, pero la crisis de 2008 provocó su caída hasta los 2,5 euros en 2013. No se recuperó hasta mediados de 2017, cuando se inició una escalada que lo llevó hasta cerca de los 30 al comienzo de la pandemia. Tras acusar los efectos de esta, el precio volvió a subir y en estos momentos supera los 50 euros. Como todos los mercados, también este del CO2, de estructura oligopolista, tiene fallos que perjudican al consumidor, pero que las eléctricas saben aprovechar. El Gobierno rectifica, por fin, y las obliga a devolver los beneficios de los derechos de contaminación en manos de las centrales no contaminantes, pero nuevamente ha habido que esperar a que el abuso alcance niveles insoportables.

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