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La deuda pública española se acercó el pasado mes de mayo a los 1,5 billones de euros, medida según el procedimiento de déficit excesivo (PDE) de la Unión Europea, pero supera los 2 billones si se tienen en cuenta la totalidad de los pasivos financieros de las administraciones públicas, según la contabilidad nacional. La diferencia, 547 mil millones de euros, corresponde a ajustes y a deudas en manos de otras administraciones y algunos consideran que esta es la deuda real. Si así fuera, la ratio de endeudamiento público no estaría en el 117% del PIB que se obtiene con el procedimiento de consolidación que practica la UE, sino que ascendería al 162%. Suena tan estratosférico como hace un año sonaba que el precio de la gasolina llegase a los 2 euros/litro, pero quizá haya que prepararse para lidiar con magnitudes de este orden. Es lo habitual en el resto de la ribera mediterránea, con Portugal en el 133% del PIB como promedio del año 21 según PDE, Italia en el 155% o Grecia en el 203%.

Existen portales que permiten el seguimiento instantáneo de estas magnitudes y nos indican que, cuando se escriben estas líneas, los niveles de endeudamiento se han reducido ligeramente, pero que, según el PDE, cada español sigue debiendo cerca de 31.000 euros y cada contribuyente más de 72.000. Estas cifras son bastante más elevadas en términos de contabilidad nacional y reflejan mejor, en opinión de algunos, la deuda real que nos corresponde a cada uno: 38.631 euros por persona y 90.577 por contribuyente.

El procedimiento de déficit excesivo se estableció en 1997, cuando se creó la Unión Económica y Monetaria, con la finalidad de garantizar la estabilidad financiera del conjunto. Se activa cuando un país eleva su déficit público por encima del 3% o la ratio de deuda pública sobre el PIB supera el 60% e implica una serie de exigencias que pueden incluir sanciones a los incumplidores, planes específicos de corrección de los excesos y la supervisión de la actividad fiscal de los gobiernos por parte de la Comisión. España salió en junio de 2019 del PDE en el que estaba inmerso desde 2009, cuando el déficit público se disparó hasta el 11% del PIB. También lo estaría en la actualidad, tanto por el déficit excesivo como por la magnitud de la deuda pública, si no fuera por la suspensión temporal de la disciplina en marzo de 2020 por causa de la pandemia, recientemente prolongada hasta principios de 2024, tras la invasión de Ucrania. La razón es que algunos países, entre ellos España, no tienen ninguna posibilidad de iniciar de forma inmediata planes severos de corrección, aunque todos sabemos que en algún momento habrá que empezar. La presión existe y aumentará con el tiempo, pero además el coste de la deuda ha comenzado a crecer de forma preocupante. Baste recordar que la emisión de bonos a 15 años del pasado mes de junio se pudo colocar al 3,27% de tipo de interés, cuando el tipo medio en 2021 fue 0,8 y del 1,7 en lo que va de 2022.

Dicen que cuando uno está tan endeudado, el problema lo tiene el acreedor, pero es falso. También lo es que solo debamos preocuparnos de nuestra deuda particular, porque de la pública ya se ocupará el Gobierno.

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