Se complica el frente meridional de España. La paz marroquí, construida sobre un desencuentro con nueva parte de la sociedad española respecto al referéndum del Sahara -"la propuesta más seria y realista", dijo el presidente del Gobierno- y una gestión deficiente de la explicación y las causas, abre una grieta importante con Argelia, que desde el primer momento se sintió desairada por el acuerdo con Rabat. Costaba creer que España hubiera cambiado su posición histórica respecto a los saharauis sin que Argelia hubiera estado de alguna manera en el ajo o, cuando menos, informada. Pues parece que así ha sido, aunque el ministro sostiene lo contrario. Y huelga recordar los intereses estratégicos que tenemos en el país norteafricano: singularmente el gas, pero también importantes exportaciones agroalimentarias, metalurgia, automoción, tejidos, bienes de equipo o material aeronáutico.

Argel ha decidido romper el acuerdo de amistad con España así como congelar unilateralmente los intercambios comerciales, algo que a juicio del Gobierno español vulnera el Acuerdo Euromediterráneo de 2005 que alumbró un acuerdo de asociación preferente entre los países de la UE y Argelia. Los bancos argelinos van a congelar las domiciliaciones bancarias de comercio exterior de bienes y servicios procedentes o con destino España.

El frente argelino

El asunto es que con Marruecos, presionando con la inmigración; y Argelia, con la sutil amenaza del gas -aunque quiere sacarlo de la ecuación del enfado porque le supone un chorro de millones y porque cerrar el grifo a un cliente sin más supondría sembrar la desconfianza en los demás compradores- y las relaciones comerciales, a España se le ha abierto un contencioso relevante en el norte de África. Como es lógico, difícilmente Pedro Sánchez rectificará el acuerdo con Marruecos. Lo que implica que las relaciones con Argelia seguirán deteriorándose. La balanza comercial favorece a Argelia: en los ocho primeros meses de 2021 compró a España por valor de 1.242 millones de euros y nos vendió productos por 2.556 millones, sobre todo gas, que es el producto determinante y representa el 42% del gas licuado que entra en España. Los industriales del levante español, que concentran las ventas, han admitido que desde el acuerdo con Marruecos vienen sufriendo retrasos, bloqueos de sus mercancías en la frontera argelina o inspecciones injustificadas. Definitivamente, esta operación ha sido un ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Realmente cuesta creer que la diplomacia española no haya medido bien las consecuencias a tres bandas de la decisión.

En el propio Gobierno hablan ya de "fallo de cálculo". No es que los argelinos tengan razón, porque no es más que una injerencia en la política exterior de otro país, sino que además muchos analistas ven la mano de Rusia detrás del movimiento argelino. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, estuvo en Argel hace sólo unas semanas. La cuerda del delicado equilibrio en la zona se ha roto por la parte de España, que siempre había nadado razonablemente bien entre dos vecinos complicados y enfrentados entre sí. Y aunque es posible que Argelia esté sobreactuando, como dijo Giulio Andreotti sobre la España de la transición: manca finezza.

El fin del remoloneo

En tiempos de paz es posible remolonear con los presupuestos de Defensa. De hecho, llevamos haciéndolo toda la vida. Pero cuando un país como Rusia invade otro saltándose el ordenamiento jurídico internacional a las bravas y provoca una crisis bélica, social, política y económica internacional y de consecuencias imprevisibles a las puertas de casa, quienes más invierten -EEUU, singularmente- exigen que pases de las palabras a los hechos. Esto es lo que está ocurriendo. Trump, que no engañaba a nadie, llegó a ponerle cifra: 340.000 millones de incremento le exigió a los países europeos en inversión de Defensa. Ni la UE ni Canadá alcanzan el 2% del PIB en Defensa, máxime cuando a raíz de la crisis económica de 2008 estas partidas fueron paulatinamente a la baja. Trump llegó incluso a amenazar a Europa con romper o limitar sus relaciones comerciales e incluso a retirar tropas si no se incrementaba la inversión. En eso está España ahora.

3.000 millones de inversión extra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, urgida por la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de este mes, ha pedido al Ejecutivo una partida extraordinaria de 3.000 millones de euros para hacer frente al compromiso adquirido con la organización militar del Atlántico.

Los planes de España son pasar de una inversión del 1,03% del PIB actual al 2% cuando acabe esta década. Los 3.000 millones extra nos situarían en una inversión del 1,2% del PIB. En Alemania, socialdemócratas, verdes y liberales han aprobado una partida de 100.000 millones para modernizar sus fuerzas armadas. El mundo se ha movido rápido y en la misma dirección. Casi todos los países europeos están ampliando presupuestos para invertir más en Defensa y países con Suecia y Finlandia, que vivían en la neutralidad activa, han cambiado de posición solicitando su ingreso en la OTAN. Ése es el estado real del mundo.

Posiblemente el PSOE teme una nueva desafección con sus socios de Gobierno de UP, ya que el decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros tendrá que ser ratificado en el Parlamento. Sin duda es otro nubarrón en el horizonte, pero el propio Pedro Sánchez lo proclamó taxativo hace sólo unas semanas: "La paz se defiende". El paradigma ha cambiado en un país como España en el que hay una subcultura de la Defensa. Además de presupuestos -que ya no son opcionales-, hace falta pedagogía y un poco de voluntad para entender que giramos a la vez que lo hace el resto del planeta.

El rey emérito, en barbecho

O la Casa Real, preventivamente; o el entorno del Emérito, despechado, han filtrado que el rey Felipe VI no quiere que su padre regrese a España de momento. Incluso El País iba más allá y entrecomillaba esta semana lo que supuestamente le dijo el hijo al padre: "El show que se montó [en Sanxenxo] no se puede volver a repetir". Estaba claro que había fracasado la intentona de normalizar el retorno de don Juan Carlos tras haber salido por la gatera hace dos años camino a Abu Dabi. La incomodidad que emanaba del comunicado de la Casa Real era evidente. La del PSOE, aún más. La de UP, peor aún: consideran que la monarquía es una institución "diseñada para delinquir con impunidad". De momento, don Juan Carlos se queda sin la regata 6mR de vela, en la que tenía previsto participar estos días en Galicia.

A don Juan Carlos se le debe el hallazgo de haber convertido su deambular en una cuestión de Estado aunque quienes lo defienden con más ahínco utilizan el doble argumento. Por un lado, tiene derecho a hacer lo que le plazca porque es un ciudadano libre sin reproche ni límite penal alguno. Obvio. Pero, por otro, piden una especial protección para ese "ciudadano normal", al que quieren a salvo de críticas y al que blindan de la obligación de dar explicación alguna. Lleva la delantera una asociación llamada Concordia Real Española, presidida por el ex ministro de Defensa Eduardo Serra y Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y padre del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. "La asociación es el punto de encuentro y representación del legado y la aportación que ha hecho, hace y hará la Corona española a la concordia democrática y a la convivencia". Igual no caen en que quien más daño ha hecho y sigue haciendo a ese legado es precisamente el Emérito.

Mientras don Juan Carlos no haga las paces con los españoles no va a poder regresar a España amparado por la pretendida normalidad. No lo salva un grupo de entusiastas empeñados en que la sociedad siga mirando para otro lado. Hay demasiado ruido político, mediático y social. Y hay mucha frustración acumulada con quien fue jefe del Estado español casi 40 años. Al tiempo.