El anuncio en pleno debate electoral de que Calviño sería vicepresidenta no sentó nada bien a Pablo Iglesias, que ya contaba con ocupar un cargo similar en el futuro Gobierno de coalición. "Asustará a la gente de izquierda", llegó a afirmar, intuyendo importantes diferencias ideológicas y un potencial obstáculo a sus planes para intervenir en la economía. Para ello contaba con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aunque la jugada final se la reservó el presidente nombrando a Escrivá como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los de Unidas Podemos fueron los primeros en mover ficha con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 950 euros en 14 pagas anuales. Todo el Gobierno sacó pecho con la iniciativa, pero alguien debió advertir del riesgo de acometida sin miramientos contra la reforma laboral y sus imprevisibles consecuencias sobre el empleo. Por otro lado, el levantamiento de agricultores y ganaderos contra la precariedad de los precios en origen, frente a la persistente subida de los costes de producción, incluidos los salariales, vino a mostrar que la intervención indiscriminada en el mercado de trabajo puede beneficiar a muchos, pero también perjudicar a otros.

La Carta Social Europea establece que sería deseable un salario mínimo no inferior al 60% del salario medio. Tras la medida del Gobierno, y según el dato del INE para 2019, en España se sitúa en el 59% del salario medio en industria, construcción y servicios, aunque con notables diferencias entre comunidades autónomas. En País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias, el porcentaje todavía es ligeramente inferior al recomendado, pero en el resto se supera. En Andalucía se sitúa en el 66,7%, aunque el máximo nivel de estrés corresponde a Extremadura con el 73,24%.

En este dato no computa el sector primario debido a que se desconoce el salario medio total, aunque el Ministerio de Agricultura informa del salario medio diario de diferentes oficios (47,3 euros/día en la recolección de aceituna en 2016, 52,08 en la de fruta o 38,25 en caso de peones fijos), lo que permite afirmar que, en la mayoría de los casos, el salario medio anual es bastante inferior al actual SMI. De ello se deduce una mayor dificultad para la creación de empleo en las comunidades donde el salario medio es inferior y mayor el peso de las actividades agrarias.

El levantamiento de agricultores y ganaderos y el protagonismo de la ministra Yolanda Díaz en el conflicto agrario, con el apoyo explícito del vicepresidente Iglesias y sin aparente coordinación con el ministro del ramo, invitan a pensar en algún tipo de reacción frente a la tentación de utilizar el Ministerio de Trabajo para interferir en otras políticas y en particular en las de contenido económico. El inicio de los trabajos sobre el futuro de la financiación de las autonomías o la previsible relajación, a raíz del coronavirus, de las exigencias europeas en materia de estabilidad presupuestaria podrían ser fuente de futuras discrepancias gubernamentales sobre la intervención en la economía, a las que convendrá dedicar la tribuna de la próxima semana.