He oído que Fitur ha cambiado. Ahora es mucho más profesional que hace unos años, cuando hoteles y restaurantes de la capital conseguían hacer su agosto a finales de enero, con cargo a las tarjetas de crédito de centenares de ayuntamientos, diputaciones, autonomías y delegaciones extranjeras. Dicen que este año ha sido mucho más que en otras ocasiones el acontecimiento que convoca a agentes turísticos de todo el mundo a buscar intereses coincidentes, aunque no sólo eso porque, precisamente por la presencia masiva de políticos, Fitur es y ha sido siempre mucho más que una feria sectorial. Parece ser que unos 40 ministros de todo el mundo han pasado este año por Madrid, además, por supuesto, de presidentes y consejeros autonómicos del ramo, de Rajoy y de los propios reyes. También medios de comunicación, especializados y generalistas, muchos ellos más interesados en la dimensión política del evento que en la profesional.

La cuestión es que el turismo sigue proporcionando un marco amable para el encuentro, en el que incluso antagonistas políticos irreconciliables en cualquier otro escenario, pueden interactuar eventualmente sin crispación. Fitur es el momento propicio para que expertos y analistas presentan sus valoraciones sobre la coyuntura del sector y sus expectativas y donde hasta ahora ha sido relativamente fácil coincidir en los diagnósticos, pero que lamentablemente no ha sabido aprovechar la coincidencia de tanto responsable político y la presencia activa de profesionales para plantear debates en profundidad sobre los problemas generales que afectan al turismo, intercambiar experiencias y coordinar iniciativas políticas y de regulación.

El ambiente festivo invita al discurso complaciente, incluso entre quienes en su mesa de trabajo acumulan expedientes abiertos por conflicto de convivencia entre intereses turísticos y ciudadanos. La capacidad de alojamiento aumenta en todas sus modalidades, pero sobre todo entre las de mayores deficiencias de regulación. Son difíciles de cuantificar, pero los rumores señalaban que los alojamientos ilegales durante el verano habrían llegado a superar en número a las plazas hoteleras y que no se valoran adecuadamente las consecuencias del fenómeno. Asistimos a un extraordinario aumento de la capacidad de acogida, pero también a una profunda metamorfosis en el sector, en la que se intuyen aspectos aparentemente positivos, como la llegada del turismo a zonas donde tradicionalmente ha sido un fenómeno marginal, y también negativos, como la incertidumbre asociada a la anarquía de los precios, nuevas formas de fraude (como el subarriendo de viviendas a turistas) o conflictos de convivencia entre turistas y residentes. En Barcelona se llegó a calificar al turismo como el principal motivo de preocupación ciudadana durante los meses de verano; el ayuntamiento de Málaga ha entendido que hay que poner límite al crecimiento explosivo de la hostelería; y en Madrid preparan un Plan de Alojamientos Turísticos y plantean suspender temporalmente las licencias para pisos turísticos. Fitur habría sido una magnífica oportunidad para convocar un foro de discusión sobre estos temas.