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Análisis

Carmen Pérez

Garántia, para volcarse con pymes y autónomos

La función de una Sociedad de Garantía Recíproca es facilitar el acceso a la financiación a pymes y autónomos y mejorar sus condiciones de plazo y de tipo de interés. La de Andalucía, Garántia SGR, ha experimentado un fuerte crecimiento este último año. Su Riego Vivo asciende ya a 393 millones de euros, con 7.789 operaciones activas. En 2008 formalizó 1.812 nuevas operaciones -un 32% más- por valor de 115 millones de euros. Con 16.000 socios se ha convertido en la tercera SGR en el ranking nacional, sólo por detrás de Elkargi e Iberaval, las del País Vasco y Castilla y León, respectivamente. Garántia quiere seguir creciendo y convertirse, como hacen esas dos SGR líderes, en un brazo instrumental de la Junta de Andalucía para la dinamización de la economía y la creación de empleo. Diferentes vías de colaboración pueden plantearse.

Incrementar el número de pymes y autónomos, y su calidad, es fundamental en toda España, pero más aún en Andalucía. Según el I Informe de Financiación a Pymes y Autónomos en Andalucía, publicado por Garántia la semana pasada, y el realizado en abril por la patronal Cesgar a nivel nacional, la densidad empresarial aquí es menor de la que corresponde en función del PIB y población (545.369 pymes y autónomos, el 15,17% del total español), tienen menor tamaño (el 95,7% tienen menos de 10 empleados, frente al 95,3% nacional) y se concentran más en el sector servicios (77,9% y 75,5%). Además, la base de pymes exportadoras también es menor (6,5% y 8,8%) e innovan menos (el 10% y 16,8%).

La financiación es uno de los aspectos importantes a cuidar si se quiere alcanzar ese objetivo. El Informe refleja que en 2018 el 32,9% de pymes y autónomos andaluces han requerido financiación, y lo positivo es que el 89% de ellas ha podido obtenerla. Ahora la banca está muy proclive a prestar y además nuevas alternativas de financiación están disponibles. Aun así, las SGR siguen teniendo un papel que jugar para mejorar las condiciones de financiación y en aquellas operaciones que, siendo viables, por falta de garantías o por su finalidad no acceden al crédito. Garántia -sin ánimo de lucro, con solvencia del 14,5% (el mínimo es del 8%) y supervisada por el Banco de España- cuenta con el reaval público estatal de Cersa, pero su potencial se amplificaría con el apoyo paralelo de su socio mayoritario, la Junta de Andalucía, al igual que se hace en otras comunidades.

La Junta podría aportar recursos al Fondo de Provisiones Técnicas o establecer un reaval para respaldar operaciones que impulsen el sector industrial o las de carácter innovador, exportador o de emprendimiento. O vincular la subvención del coste del aval a la creación de empleo. Los importes de las operaciones podrían proceder de la banca, de fintech o de fondos privados. O directamente de los fondos europeos, como apuntaron el presidente y el director de Garántia el día de la presentación del Informe, y ya se hace en Iberaval, por ejemplo. Son muchas las posibilidades y habría que analizarlas con el máximo cuidado para elegir aquellas que distorsionen menos al mercado y contribuyan en mayor medida a potenciar la economía y a crear empleo.

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