Si el diagnóstico de la economía española contenido en los Prepuestos Generales para 2023 está equivocado, el tratamiento y sus recetas están condenados al fracaso. Las instituciones y los analistas más prestigiosos suscriben esta afirmación, pese a lo cual el Gobierno insiste en el dislate de ignorar las consecuencias.

Debe ser el estrés electoral, pero afrontar una contienda tan reñida como se anuncia con una economía llena de remiendos no parece la opción más inteligente.

Según la OCDE terminaremos 2022 creciendo algo más de lo previsto, pero con una inflación mayor de la estimada inicialmente. La explicación está en el turismo, las ayudas europeas, el esfuerzo financiero del Estado y en el principio de Arquímedes. Este último señala que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje ascendente equivalente al peso del fluido que desaloja, y puesto que la economía española es la única de las grandes europeas que todavía no ha conseguido salir a flote tras el hundimiento provocado por la pandemia, es razonable admitir que su mayor tasa de crecimiento se debe, al menos en parte, al impulso ascendente que describe el sabio siciliano.

El pronóstico de la propia OCDE para 2023 es de una fuerte contracción en el crecimiento, aunque no tan severa como en otros países que no pueden beneficiarse del impulso de Arquímedes porque ya habían conseguido reflotar sus economías. La corrección de la inflación será significativa en toda Europa, pero la perspectiva sobre el desequilibrio de las finanzas públicas españolas es alarmante, sin que se advierta preocupación por el problema en el gobierno ni intención de hacerle frente a corto plazo. Todo ello en un contexto de deterioro de la renta disponible de los hogares, que en España todavía se encuentra a 6,7 puntos por debajo del nivel de 2019 (la mayor de la OCDE), tras descender (-1,06%) en el segundo trimestre (el doble que en la OCDE) y pese a que el PIB creció 3,25% en el primer semestre.

Si la renta disponible de los hogares se obtiene añadiendo a la renta bruta las transferencias recibidas del estado y restando los tributos pagados, su reducción cuando el PIB aumenta apunta a que el estado detrae vía impuestos bastante más de lo que devuelve en forma de transferencias. Además, también según la OCDE, la cuña fiscal española (deducciones por impuestos y cotizaciones sociales de la masa salarial) es una de las más elevadas (39,3%) del mundo desarrollado, lo que, junto a la inflación, explica el acusado deterioro del poder adquisitivo de los asalariados.

Pese a tener ganada la partida de los impuestos sobre los beneficios de las energéticas, el informe del BCE sobre el impuesto a la banca por los beneficios de la subida de tipos de interés y la absurda pretensión de prohibir su repercusión sobre el usuario puede inclinar peligrosamente en contra de los intereses electorales del Gobierno la balanza del debate fiscal. También la retórica tributaria en torno a los ricos y las iniciativas fiscales de las autonomías, en la medida en que se llegue a entender como persecución injustificada el éxito profesional y empresarial o el de personalidades del deporte, el arte o la cultura.