El Congreso de Diputados pidió al BCE un dictamen sobre la conveniencia e impacto del impuesto temporal (en 2022 y 2023) que el Gobierno pretende imponer a la banca sobre los "beneficios extraordinarios" generados por la subida de los tipos de interés. El jueves pasado el BCE dio a conocer su dictamen en el que expone las razones por las que no ve conveniente la implantación de dicho impuesto. El vicepresidente del BCE Luis de Guindos expuso los argumentos del informe, dejando claro que no era vinculante y que lo único que pretendía era "ayudar al Gobierno" y al legislativo en su decisión. La reacción del presidente Pedro Sánchez fue la descalificación del BCE, al cual irónicamente agradecía sus "ganas de ayudar", como también de Luis de Guindos del cual rememoraba su protagonismo en la crisis y el rescate bancario y su vinculación con Lehman Brothers. A esto se le llama "matar al mensajero". En este caso descalificando a la institución a la que se le ha solicitado opinión.

Las razones que expone el BCE son contundentes. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios bancarios tiene un problema de diseño. Si la base imponible del impuesto es el margen bruto de intereses (intereses de créditos menos intereses de depósitos) más las comisiones, como propone el Gobierno, no estamos midiendo correctamente los beneficios extraordinarios, al dejar fuera del cálculo la variación de los costes y las provisiones por insolvencias. El signo positivo del margen de intereses puede ser positivo y el banco estar en pérdidas. En todo caso, en opinión del BCE habría que contemplar el ciclo completo en un amplio periodo que superarse los dos años que se proponen. La razón es que el impacto de la subida de los tipos de interés sobre los ingresos provenientes de los créditos es inmediato, por contra el impacto sobre la morosidad tiene un retraso de más de dos años. Al impacto positivo de la subida de los tipos de interés sobre los beneficios de los bancos de este primer semestre de 2022, habría que detraerle la morosidad y las dotaciones por insolvencias potenciales que generará la subida de los tipos de interés, todavía no recogidas en sus balances. Podría ocurrir que tuvieran que pagar el impuesto bancos potencialmente en pérdidas, atentando contra la estabilidad financiera.

En cuanto al impacto del impuesto, al afectar solo a los grandes bancos españoles, y no a los pequeños ni a los bancos extranjeros, se produciría una alteración de la competencia bancaria. En cuanto a la prohibición de trasladar a los clientes el impacto del impuesto, el BCE recuerda al Gobierno la obligación que tienen los bancos de trasladar todos los incrementos de costes, por razones de solvencia. Por último, en el caso de que se siguiera adelante con el impuesto, el BCE aconseja separar los ingresos de este impuesto del resto de los ingresos tributarios, para así poder controlar que no hay desvío a otras finalidades.

El proyecto del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca se mantiene a pesar de la opinión negativa del BCE. No obstante, sería conveniente que se tuvieran en cuenta sus consejos en el trámite parlamentario de enmiendas, posibilidad sugerida por la vicepresidenta Nadia Calviño.