El Consejo de Ministros adoptó esta semana un paquete de medidas dirigidas a los afectados por la rápida subida del Euríbor. Por una parte, mejora el tratamiento a las familias vulnerables, que ya gozaban de protección desde la crisis financiera. Así, para rentas anuales menores de 25.200 euros y con una carga hipotecaria de más del 50% en la renta mensual, se plantean dos escenarios: si el esfuerzo hipotecario se ha incrementado más de un 50%, pueden solicitar una carencia de 5 años, con un tipo de interés de Euríbor -0,10%. También dispondrán de 2 años para poder solicitar la dación en pago y se les posibilita solicitar una segunda reestructuración. Si el esfuerzo hipotecario ha crecido menos del 50%, la carencia será de 2 años, con un menor tipo, o un alargamiento del plazo de hasta 7 años.

Por otra parte, protege a los hogares en riesgo de vulnerabilidad, con rentas menores de 29.400, que dedican más del 30% de la renta mensual al pago de la hipoteca y han experimentado un incremento del 20% del esfuerzo hipotecario: pueden congelar la cuota durante 12 meses y alargar el plazo hasta 10 años. Además, para todas las hipotecas, se eliminan durante 2023 la comisión de amortización anticipada y la comisiones que se deriven de la conversión de la hipoteca a tipo fijo (para esto, también se establecen reducciones de carácter permanente). Por último, incorpora como nueva obligación la de garantizar la salvaguarda de los derechos de los deudores ante la venta de los créditos hipotecarios a un tercero.

De estas medidas, lo que primero sorprende es que el deudor, que se arriesgó con el tipo variable, ahora no asuma las consecuencias después de muchos años disfrutando de tipos bajísimos. Las ayudas son una clara injusticia para los que optaron, de forma prudente, por el tipo fijo. En todo caso, las familias tendrán que analizar con cautela estas medidas. Las carencias no dejan de ser una "patada hacia adelante" porque el volumen de intereses global crece.

No obstante, puede entenderse que hay que proteger a las familias vulnerables, a las que realmente lo sean, aunque en ese caso la ayuda debería proceder del Estado, y las relaciones contractuales entre las partes deberían mantenerse en sus términos. La imagen de estar al lado del necesitado le viene bien al Gobierno, que además debe evitar que se dispare la morosidad hipotecaria. Pero le endosa el coste a la banca. El seguro a los depósitos público, las cuantiosas ayudas que recibieron en la crisis, la financiación privilegiada del BCE, el aval público a los préstamos durante la pandemia… le autorizan a forzar a la banca a que apenque.

Los bancos, que bien saben de los privilegios que gozan, han manifestado su voluntad de adherirse. Tampoco les vienen bien los incumplimientos hipotecarios ni quieren retroceder en la recuperación de una buena reputación, que quedó muy dañada tras la crisis. Además, han conseguido que los beneficiados por estas medidas no sean incluidos dentro de los morosos, lo que les exime de dotar las provisiones legales establecidas. Y sabrán defenderse socializando estas pérdidas, esto es, buscarán la forma de repercutir el coste de estas medidas a todos los usuarios bancarios.