No les voy a descubrir América si escribo que nuestros políticos llevan meses (¿años?) jugando con fuego. Una ciudadanía cansada, y ahora sobre todo muy dolida por lo que llevamos de Covid 19, es terreno fértil para el populismo de extrema izquierda y derecha. En ese contexto, trasladar la polarización política a la sociedad es tan fácil que asusta.

Otra verdad de Perogrullo es que la incertidumbre añade gasolina a este fuego. Continuas convocatorias electorales en el horizonte, posibles cambios de gobierno por doquier, el hoy sí y mañana no (o al revés) de la política, no solo confunden sino que también preocupan. Porque transmiten la sensación de que no saben qué hacer, y no me estoy refiriendo solo a la gestión sanitaria. Hay que reconocer que gobernar es difícil, máxime en situaciones como la actual. Pero asistir a un espectáculo casi diario de incoherencias, en muchas ocasiones alimentadas por mercadotecnia electoral de corto plazo, de expertos que no existen o están por existir, de conflictos entre administraciones que embarran la gestión y la eficacia, trasciende ya la dificultad intrínseca de todo gobernar. Y desanima y cabrea bastante al ciudadano de a pie.

Y desciendo ya el último peldaño de mi escalera. Con las reformas económicas que llevan años pendientes ocurre otro tanto. En particular, aquí me voy a referir a las que tienen trascendencia sobre los ingresos y gastos de nuestras administraciones. La mezcla de demagogia primero y populismo después, desde todas las posiciones políticas, y la ausencia de un rumbo claro en la política fiscal española, no permite abonarse al optimismo. Les comento varios ejemplos de los que puede extraerse, me temo, categoría.

Intuir las líneas maestras de por dónde puede ir la reforma de las pensiones obliga a ejercicios de complicada hermenéutica. ¿Lo que piensa el Ministro Escrivá es compartido por el resto del gobierno, con o sin Iglesias?, ¿lo que se envía a Bruselas tiene algo que ver con eso?, ¿cómo participan los agentes sociales en esta discusión?, ¿van en paralelo al Pacto de Toledo? Alguien debería explicar esto con claridad, más allá de filtraciones del Consejo de Ministros. Y, de paso, realizar un ejercicio de honestidad intelectual para exponer las amenazas reales a las que se enfrenta la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Un segundo ejemplo reside en la incertidumbre sobre cómo se piensa acometer la inevitable consolidación fiscal para cerrar la brecha entre gastos e ingresos públicos. Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras suspender las reglas fiscales en octubre del año pasado, se debería haber presentado ante las Cortes Generales un plan de reequilibrio que explicase estos “detalles”. Máxime cuando los actuales presupuestos se sustentan en un cuadro macroeconómico con fondos europeos que ya en abril está desfasado.

Esperar durante meses a ver qué se decide en Europa sobre reglas fiscales no es prudencia, es darle una patada (otra más) hacia adelante a un déficit estructural que no tiene visos de mejorar. Con independencia del modelo de gobernanza fiscal con que se dote la Unión Europea, lo que resulta evidente es que la reducción de la deuda pública no va a ser una opción sino una exigencia que tarde o temprano nos vendrá impuesta, de una forma u otra. En cuanto la economía empiece a crecer, habrá que ponerse manos a la obra y convendría ir sabiendo por dónde empezar. El Fondo Monetario Internacional se ha manifestado recientemente en este sentido. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también debería adoptar aquí una postura más exigente, vista la eficacia de sus anteriores recomendaciones.

Un tercer ejemplo relacionado con lo anterior. Reformar el sistema fiscal será una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Llevamos meses escuchando que un comité de expertos asesorará al gobierno en esta tarea, pero al día de hoy la realidad es que más allá del eslogan “fiscalidad para el siglo XXI”, cuando estamos ya en la tercera década de la centuria, o de la confusión entre presión fiscal y justicia social que acreditan algunos, hay preguntas importantes sin atisbo de respuesta. ¿La apuesta por los impuestos medioambientales será sincera o un quita y pon como en el proyecto de presupuestos de 2021?, ¿la reforma del de sociedades seguirá finalmente lo señalado por los especialistas durante años?, ¿qué se piensa realmente sobre los tipos impositivos en el IVA? El planteamiento que hagan los expertos influirá pero el criterio político será determinante, y éste dista de la claridad exigible.

Y si hay una reforma pendiente en la que todo está hecho y, al mismo tiempo, todo por hacer es la de la financiación autonómica. Los expertos ya rindieron su informe hace cuatro años y son las decisiones políticas las que están pendientes. En este caso, además, al populismo reinante se añade la dimensión territorial: barones y baronesas tirando de la manta para sacar la máxima tajada, con risibles manías persecutorias como acredita algún portavoz autonómico. Siendo esto comprensible, en un juego de suma cero como el de la financiación autonómica, solo caben resultados razonables cuando los acuerdos se alcanzan a escala nacional. Ah, ¿que el gobierno y el principal partido de la oposición no se hablan?…¡perdonen!

En definitiva, nuestros políticos no están haciendo su trabajo. Disponen de soporte técnico suficiente, en todos los niveles de la administración y fuera de ella, para ayudarles a negociar y adoptar decisiones de cierta envergadura, y no parches de corto alcance. Sin embargo, dedican gran parte de su tiempo a lanzarse ráfagas de demagogia que polarizan y enfadan. Uno incluso sospecha que ni siquiera tienen un mínimo de claridad con que orientar sus decisiones.